Los Ángeles, California, 13 de julio de 2025 – En un fallo considerado histórico por organizaciones defensoras de los derechos civiles, una jueza federal ordenó suspender de manera temporal las redadas migratorias en California realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras denuncias de arrestos sin fundamentos legales y con sesgo racial.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal de Distrito Central de California, dictó la resolución con una vigencia inicial de diez días, en la que prohíbe cualquier detención por parte de ICE que no esté sustentada en una sospecha razonable. La orden también impide arrestos basados únicamente en el idioma, color de piel, acento o lugar de residencia de las personas.
Esta medida surge como respuesta a una demanda colectiva presentada el 2 de julio por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), representando tanto a personas detenidas como a gobiernos locales. En la denuncia, se acusa a ICE de prácticas que violarían las Enmiendas IV y V de la Constitución de Estados Unidos, al permitir arrestos arbitrarios y negar el acceso oportuno a representación legal.
Además de frenar las detenciones, el fallo obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE a entregar a los abogados de los afectados toda la documentación relacionada con los operativos, y a garantizar que los detenidos puedan ejercer su derecho a una defensa jurídica.
El contexto inmediato de esta resolución está marcado por los operativos realizados en junio en zonas agrícolas del condado de Ventura, particularmente en granjas de cannabis de Camarillo y Carpintería, donde las redadas derivaron en más de 200 arrestos, uso de gas lacrimógeno, múltiples heridos y al menos un fallecido. Estos hechos generaron protestas locales y llamados urgentes a revisar el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.
El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresaron su respaldo al dictamen judicial, al considerarlo una medida que protege los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes. Por el contrario, el DHS respondió defendiendo la legalidad de los operativos, argumentando que se ejecutan como parte de estrategias para combatir delitos vinculados a la industria ilegal del cannabis.
Mientras tanto, las autoridades federales anunciaron que apelarán la resolución, al considerar que las decisiones sobre política migratoria corresponden exclusivamente al Congreso y al Poder Ejecutivo, y no a los tribunales.
El caso reaviva el debate sobre los límites entre la justicia federal y el control migratorio, y coloca temporalmente en pausa las acciones de ICE en el estado, a la espera de una decisión judicial definitiva.
