Tijuana, BC, 9 de agosto de 2025.– Una denuncia pública presentada por el abogado Jorge Luis Fuentes ha puesto bajo la lupa a Banorte y a una presunta red de jueces, notarios y funcionarios, por un caso que involucra el posible despojo de 192 departamentos en un desarrollo habitacional de la ciudad.
De acuerdo con el litigante, el esquema inició en 2019 con la falsificación de actas de asamblea para remover a los socios originales de la empresa desarrolladora. Dichos documentos habrían sido avalados por un notario del Estado de México y utilizados posteriormente para inscribir un fideicomiso —identificado como F/753987— en el Registro Público de la Propiedad de Baja California.
La inscripción se realizó con un pago de 11 mil pesos en derechos, pese a que el monto legalmente correspondiente superaba los dos millones de pesos. Dentro de ese fideicomiso figura Banorte como institución fiduciaria, presuntamente sin contar con la autorización de los propietarios legítimos.
El abogado sostiene que personal del área de fideicomisos del banco promovió la operación, a pesar de que existían advertencias previas de los dueños. Según la denuncia, el objetivo final sería apropiarse de las propiedades mediante un entramado que incluiría a jueces civiles, notarios y empleados bancarios.
Contexto legal: el fideicomiso como herramienta de riesgo
En México, los fideicomisos inmobiliarios son un instrumento legal que permite a una institución —generalmente bancaria— administrar bienes en beneficio de un tercero. Si bien ofrecen ventajas como seguridad jurídica y facilidad para inversiones, expertos advierten que, sin controles adecuados, pueden ser utilizados de forma fraudulenta para cambiar beneficiarios, desviar recursos o legitimar documentos falsos.
El caso de Tijuana, según especialistas en derecho inmobiliario, refleja posibles fallas en la verificación de documentos por parte de registros públicos y fiduciarios, abriendo la puerta a operaciones irregulares de gran impacto económico y social.
Posibles implicaciones
De confirmarse las acusaciones, el caso podría tener repercusiones en el mercado inmobiliario local, afectando la confianza de compradores y generando incertidumbre jurídica sobre desarrollos en disputa. Asimismo, se reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la supervisión de fideicomisos y las sanciones a funcionarios que participen en estas prácticas.
Por ahora, Banorte no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones. La denuncia ya está en proceso judicial y el abogado ha retado públicamente al banco a desmentir los señalamientos.
