Ciudad de México, 21 de marzo de 2025.- El Gobierno de México anunció el arranque formal del nuevo esquema de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que por primera vez en la historia canalizará recursos de manera directa a comunidades indígenas y afromexicanas. Este mecanismo se da en cumplimiento de la reforma constitucional al artículo 2º, aprobada en 2024, que reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se detalló que el 10% del FAIS —equivalente a 12 mil 374 millones de pesos— será entregado sin intermediarios a más de 15 mil comunidades, distribuidas en 27 mil 792 localidades, para la ejecución de obras de infraestructura básica.
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, explicó que los fondos se transferirán directamente desde la Tesorería de la Federación a los pueblos beneficiarios, sin pasar por gobiernos estatales o municipales. Esta estrategia busca garantizar autonomía presupuestaria y fortalecer la organización comunitaria. Las asambleas iniciarán el 1º de abril y permitirán elegir a los comités responsables de administrar y vigilar el uso de los recursos.
Las inversiones estarán destinadas a ocho rubros prioritarios: agua potable, drenaje, urbanización, electrificación, infraestructura educativa y de salud, así como mejoramiento de vivienda. El enfoque principal será atender a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Por su parte, Yuki Hueda Tanabe, directora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presentó los datos actualizados del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, instrumento que servirá para validar la entrega de recursos. El catálogo reconoce actualmente a 70 pueblos originarios y al pueblo afromexicano, integrados en más de 16 mil comunidades distribuidas en 28 estados del país.
Las entidades con mayor concentración de pueblos indígenas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Cada comunidad registrada recibirá una constancia oficial que los acredita como sujetos de derecho colectivo, documento que será indispensable para el acceso a los recursos.
Con este nuevo modelo, el Gobierno federal busca cimentar una relación directa con el “México profundo”, marcando un precedente en la distribución del presupuesto nacional con enfoque intercultural, participativo y equitativo.
