Tijuana, B.C., 14 de diciembre de 2024.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California reforzó sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas mediante la instalación de una mesa de trabajo con familiares y representantes de colectivos ciudadanos. La iniciativa, impulsada por instrucciones de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, busca establecer líneas de investigación más efectivas y mejorar la atención integral a las familias afectadas.
El encuentro fue liderado por Fidel Corvera, Fiscal de Unidades Especiales, quien atendió personalmente a miembros del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo. Durante la sesión, los familiares expusieron sus preocupaciones y propuestas para agilizar las búsquedas, destacando la necesidad de procesos más eficientes y sensibles por parte de las autoridades competentes.
Principales acuerdos alcanzados:
• Atención personalizada: Se garantizará el seguimiento continuo de cada caso, incluyendo apoyo psicológico para los familiares afectados.
• Recepción de información clave: Se habilitará una línea telefónica operativa las 24 horas para recibir reportes o datos relevantes que puedan acelerar las investigaciones.
• Búsquedas en campo: Se coordinarán operativos conjuntos para fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas.
Eddy Carrillo, líder del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, destacó la urgencia de realizar más operativos en campo y mejorar la atención brindada por la Unidad de Desaparecidos, insistiendo en que la sensibilidad y la prontitud deben ser una prioridad en estos procesos.
El evento contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas José Antonio Gamma Macías, representante de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como fiscales y directores de áreas especializadas de la FGE, incluyendo a Maximiliano Ramos Jiménez, Fiscal de Tijuana, y Dulce María Carrillo Flores, Directora Estatal de Personas Desaparecidas, entre otros.
Con esta estrategia, la FGE reafirma su compromiso de trabajar de manera colaborativa con los colectivos y familias afectadas para generar nuevas líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia.
