Mexicali, B.C., 3 de marzo de 2025.– El Congreso de Baja California aprobó un exhorto dirigido a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que informe sobre las acciones legales y administrativas derivadas de las auditorías aplicadas por la empresa ROMAFAM, S.A. de C.V., conocida como FISAMEX, a los organismos operadores del agua de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.
La solicitud surge tras detectarse pagos superiores a los 354 millones de pesos a FISAMEX por revisiones que, según informes oficiales, carecieron de sustento técnico y se limitaron a cálculos básicos sin verificación en campo.
De acuerdo con el diputado Diego Echevarría Ibarra, promotor del exhorto, los dictámenes presentados por la empresa no reflejan una complejidad que justifique los montos pagados, pues consisten principalmente en hojas de cálculo y fórmulas matemáticas, sin evidencia física de irregularidades en los consumos de agua.
El informe elaborado por la ASE advierte que las auditorías de FISAMEX se realizaron sin inspecciones presenciales que corroboraran alteraciones en los sistemas de medición, lo que pone en duda la legitimidad de los cobros efectuados a los usuarios y, por consecuencia, el pago millonario a la empresa.
Entre 2020 y 2022, los organismos operadores lograron recaudar más de 1,810 millones de pesos derivados de estas auditorías. Como contraprestación, FISAMEX recibió el 20% del total, cifra que supera los 354 millones de pesos.
El legislador también cuestionó el proceso de contratación de la empresa, realizado mediante adjudicación directa, pese a que el monto involucrado permitía llevar a cabo una licitación pública para garantizar mayor transparencia y competencia.
Echevarría señaló que si las revisiones se hubieran ejecutado con personal interno de las comisiones estatales de agua, el costo habría sido considerablemente menor, incluso tomando en cuenta pagos por horas extra.
Ante las irregularidades detectadas, el Congreso de Baja California solicita a la ASE un informe detallado sobre las denuncias, querellas o procedimientos administrativos derivados de la revisión de las cuentas públicas de 2020, 2021 y 2022, así como los resultados del informe específico de auditoría aprobado en noviembre de 2022.
El objetivo del llamado es esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados, establecer posibles responsabilidades y prevenir que situaciones similares se repitan en futuras contrataciones dentro de los organismos operadores del agua en el estado.
