TIJUANA, Baja California, 29 de septiembre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones financieras contra una extensa red que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, habría permitido al Cártel de Sinaloa operar y proteger sus intereses en Baja California mediante estructuras criminales, empresariales y presuntos actos de corrupción.
Entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Departamento del Tesoro identifica como un operador político presuntamente vinculado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
También fueron incluidos Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.
Los señalamientos corresponden al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la inclusión en la lista de OFAC implica sanciones económicas y restricciones financieras; no equivale por sí misma a una sentencia penal emitida por un tribunal.

Tesoro señala una presunta red de corrupción en Mexicali
El comunicado estadounidense sostiene que “Los Rusos”, una facción de “Los Mayos”, mantiene una posición relevante en Mexicali y sus alrededores.
Dentro de esa estructura, el Tesoro coloca a Carlos Torres en el centro de lo que describe como un esquema de corrupción destinado a facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlas de intervenciones gubernamentales y policiales.
La dependencia estadounidense afirma que Torres utilizó su influencia política para favorecer esas actividades.
El documento también revela que el Departamento de Estado estadounidense revocó en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres, y atribuye esa decisión a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y actividades realizadas en beneficio de esa organización.
Señalan también al exjefe de la Policía de Mexicali
El señalamiento alcanza a Pedro Ariel Mendívil García, quien encabezó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Mendívil habría mantenido una relación con “El Ruso” y recibido sobornos a cambio de permitir influencia de la organización criminal sobre elementos de la Policía Municipal y facilitar sus operaciones.
El gobierno estadounidense afirma además que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales procedentes de Mendívil, mientras que Luis Torres presuntamente habría participado en la recepción y lavado de esos recursos mediante empresas y campañas políticas.
Estas afirmaciones forman parte de la justificación presentada por OFAC para imponer las sanciones y deberán distinguirse de una determinación de responsabilidad penal por parte de un tribunal.
Empresas de Baja California también quedan sancionadas
La acción estadounidense no se limita a personas.
OFAC incluyó empresas que atribuye a las redes de los sancionados. Entre las relacionadas por el Tesoro con Luis Torres aparecen Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
También fue designado Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, relacionado por OFAC con Mendívil.
En Tijuana, la dependencia estadounidense identificó otra estructura empresarial y financiera presuntamente relacionada con operadores del Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías sancionadas aparecen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.
También fueron incluidas Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme.
Tijuana aparece como territorio estratégico
El Departamento del Tesoro dedica una parte importante del documento a Tijuana.
OFAC sostiene que las rutas fronterizas de Tijuana y Mexicali son estratégicas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos y atribuye el control de la plaza de Tijuana a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, quienes ya habían sido sancionados previamente.
Estados Unidos afirma que ambos han mantenido influencia en Tijuana durante aproximadamente 15 años mediante alianzas, violencia y corrupción política y policial.
La nueva acción alcanza a integrantes y operadores que el Tesoro relaciona con esa estructura.

Una casa de cambio de Tijuana, bajo la lupa
Entre los casos descritos aparece Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, con operaciones en Tijuana.
OFAC sostiene que Ilia Elizabeth Félix Rivera habría utilizado la empresa para coordinarse con casas de cambio en el sur de California, recibir dinero en efectivo procedente de Estados Unidos, realizar operaciones espejo y trasladar recursos hacia México.
La empresa y Félix Rivera quedaron incluidas en las designaciones anunciadas este martes.
También sancionan al “Mayito Flaco”
La operación forma parte de una acción considerablemente más amplia.
OFAC anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
El Departamento del Tesoro lo identifica actualmente como cabeza de la facción de “Los Mayos” y sostiene que mantiene control sobre operaciones de la organización.
La acción estadounidense fue realizada bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por Washington para perseguir financieramente organizaciones relacionadas con tráfico internacional de drogas y estructuras consideradas terroristas o vinculadas con ellas.

¿Qué significa estar sancionado por OFAC?
La medida tiene consecuencias financieras inmediatas dentro de la jurisdicción estadounidense.
Los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
También pueden quedar bloqueadas compañías propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o varias personas sancionadas.
Salvo autorización expresa, personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones que involucren bienes o intereses de los designados.
La medida puede tener además efectos fuera de Estados Unidos debido al acceso de empresas y bancos internacionales al sistema financiero estadounidense.
La publicación del Tesoro abre ahora una nueva dimensión sobre los señalamientos que desde Washington se realizan respecto de las estructuras financieras, empresariales y políticas que presuntamente han permitido operar al Cártel de Sinaloa en la frontera de Baja California.
