Este fin de semana en Baja California estuvo cargado de noticias que sacuden el ambiente político y de seguridad de la región. Desde una sorprendente reestructuración en Morena, hasta el retiro de seguridad privada a empresarios de Ensenada, los eventos recientes marcan un punto de inflexión para la política y seguridad locales.
En un giro inesperado en la dirigencia de Morena en Baja California, Rosina del Villar asumió el liderazgo del partido tras una movida estratégica impulsada por un grupo de diputadas morenistas. La exsecretaria de Honestidad y Justicia de Baja California se convirtió en la candidata de “unidad”, con el respaldo incluso del exdiputado y exsecretario de Gobierno Catalino Zavala Márquez, quien hasta hace poco era visto como el favorito para el puesto. Del Villar, anticipando su nombramiento, renunció previamente a su cargo el 8 de noviembre para cumplir con los requisitos internos del partido.
La estructura del Comité Estatal también se ajustó con nombramientos que buscan afianzar el control de Morena en la región. Karla Pedrín Rembao asumió la secretaría general del partido, mientras que Pilar Vázquez y Wendy Ontiveros fueron nombradas como secretarias de Organización y Derechos Humanos, respectivamente. Ricardo Sudea, por su parte, liderará el área de jóvenes, en un equipo que muestra la renovación de la dirigencia estatal.
Paralelamente, el ámbito de seguridad en Ensenada dio de qué hablar cuando se reveló que empresarios locales, incluidos algunos relacionados con el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez, estaban recibiendo seguridad proporcionada por agentes de la Fiscalía Estatal. Tras hacerse pública esta situación, la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, ordenó el retiro de estos elementos, quienes deberán reincorporarse a sus labores oficiales en la fiscalía. La decisión busca garantizar que los agentes se concentren en tareas de investigación y operativos de seguridad pública en beneficio de la comunidad.
Este hecho ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos y el trato preferencial hacia ciertos empresarios. Algunos rumores apuntan a que la fiscal Andrade Ramírez ya conocía de la situación y podría haber sido una de las fuentes detrás de la filtración de información a los medios.
Finalmente, los comentarios críticos no faltaron respecto a la contradicción que algunos observan entre el discurso de austeridad de la 4T y ciertos hábitos de consumo en figuras políticas de la región. Entre anécdotas y observaciones en tono irónico, se mencionaron lujos que parecen contrastar con la “pobreza franciscana” que promueve la administración actual. Las críticas señalan cómo algunos funcionarios de Morena no siempre siguen los principios de la austeridad que pregonan.
Un fin de semana movido en Baja California que, sin duda, marca nuevas tendencias en el ámbito político y de seguridad en el estado.
