Playas de Rosarito, Baja California, 04 de junio de 2024. La violencia familiar es una tragedia silenciosa y creciente en México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de 2024 se registraron 119,291 casos de violencia familiar en todo el país. En Baja California, se reportaron 6,104 delitos de este tipo entre enero y mayo, 642 más que en el mismo período de 2023.
Mexicali encabeza la lista con el 41.71 % de estos delitos, seguida por Tijuana con el 32.68 %, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. En tercer lugar, se encuentra Ensenada con el 13.09 %, Playas de Rosarito con el 4.29 %, Tecate con el 3.90 %, San Quintín con el 3.28 % y San Felipe con el 1.05 %.
Durante un seminario de prevención para mujeres realizado en Playas de Rosarito, Lorena Meléndez Yáñez, presidenta de la Fundación Manos Unidas por Rosarito A.C., destacó que el 80 % de las víctimas no identifican las agresiones como violencia familiar. Meléndez Yáñez subrayó la necesidad de proporcionar a las mujeres herramientas para evitar ser víctimas y educar a sus hijos sobre este tema.
“Queremos decirles que la violencia familiar no es normal y si no se denuncia, puede escalar hasta exponerlas a riesgo de muerte”, advirtió Meléndez Yáñez. Además, agentes de la Guardia Nacional enfatizaron la importancia de reportar estos casos a las autoridades antes de que escalen, poniendo a disposición el número 089 para situaciones que requieran intervención.
Las víctimas de violencia familiar sufren consecuencias devastadoras, como problemas de salud física y mental, dificultades educativas y laborales, cargas económicas y desintegración familiar y social. Meléndez Yáñez insistió en que es crucial denunciar al 911 o al 089 con la Fiscalía General de Baja California o directamente a la Fundación Manos Unidas por Rosarito A.C. para garantizar un seguimiento adecuado de los casos.
En conclusión, la violencia familiar en Baja California sigue en aumento, y la falta de reconocimiento de las agresiones como tal por parte de las víctimas agrava el problema. Es esencial la intervención y el apoyo institucional para combatir este flagelo y proteger a las familias afectadas.
