Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- Pedimentos de importación, contratos y actas corporativas que permanecían ocultos en dos bodegas podrían convertirse en la pieza que faltaba para determinar quién dirigió y ejecutó las operaciones investigadas en el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La Fiscalía General de la República informó que aseguró la documentación durante dos cateos realizados en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Las diligencias contaron con autorización de un juez federal y fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que el análisis inicial encontró indicios sobre operaciones de comercio exterior presuntamente simuladas. También anunció la apertura de nuevas líneas de investigación, aunque no explicó cuántos documentos fueron recuperados, qué periodos comprenden ni cuáles empresas aparecen en ellos.
El hallazgo puede resultar decisivo porque lleva la investigación más allá del combustible decomisado y las declaraciones de las partes. Los pedimentos permitirían identificar importadores, destinatarios, volúmenes declarados y aduanas utilizadas. Los contratos podrían mostrar quién pagó, compró o recibió los cargamentos. Las actas de asamblea ayudarían a establecer quién tenía poder para tomar decisiones dentro de las empresas involucradas.
La firma que puede cambiar el caso
La pregunta central será quién aparece firmando y autorizando las operaciones de Ingemar, empresa ubicada por la Fiscalía en el centro de la presunta red.
Ruffo Appel ha reconocido su participación accionaria, pero ha rechazado intervenir directamente en los trámites aduanales. Su familia sostiene que el exgobernador no administraba las operaciones ni firmaba los pedimentos.
Verónica Ruffo Sánchez, hija del político bajacaliforniano, declaró previamente que esas tareas correspondían a una apoderada legal de la compañía. Los documentos asegurados permitirán confrontar esa versión con facultades notariales, actas corporativas, contratos y firmas.
Sin embargo, encontrar el nombre de una persona en un documento empresarial no demuestra automáticamente que conociera o participara en un delito. La FGR todavía deberá acreditar qué decisiones tomó cada acusado y si sabía que los cargamentos contenían cantidades distintas de las declaradas.
Un expediente con cifras distintas
La causa penal conocida hasta ahora atribuye al presunto esquema la introducción irregular de 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel, transportados en 163 carrotanques.
Las autoridades habían localizado previamente 129 unidades ferroviarias con más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
Una investigación periodística de EL PAÍS, realizada con registros comerciales y aduaneros, calculó un alcance considerablemente mayor: más de 800 millones de litros movilizados durante 15 meses y un posible daño fiscal de al menos 5 mil 400 millones de pesos.
Las cifras no deben presentarse como equivalentes. Los 18.2 millones de litros corresponden al universo descrito en la causa judicial difundida hasta ahora; los 800 millones proceden de una reconstrucción periodística más amplia que todavía no ha sido incorporada públicamente, en su totalidad, al expediente penal.
Ruffo permanece en el Altiplano
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada. Una semana después, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega lo vinculó a proceso junto con otras siete personas por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El exgobernador permanece bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
La FGR relaciona con la presunta red a Ruffo y otras 24 personas. Nueve han sido detenidas. La institución no identificó en su mensaje más reciente a las 16 restantes ni aclaró cuántas tienen órdenes de aprehensión pendientes.
La defensa promovió un amparo contra la negativa judicial de permitir que Ruffo cumpla la prisión preventiva en su domicilio. Godoy Ramos señaló que la Fiscalía todavía no había recibido una notificación formal sobre esa petición.
Lo que falta demostrar
La nueva documentación puede ampliar la investigación hacia otros empresarios, apoderados, agentes aduanales y operadores financieros. También podría revelar si las operaciones fueron aisladas o formaron parte de una estructura permanente.
Los documentos representan datos de investigación, no una sentencia. Su autenticidad, cadena de custodia y relación con cada acusado deberán ser examinadas ante una jueza. Ruffo Appel y las demás personas señaladas conservan la presunción de inocencia.
