Mexicali, 14 de marzo de 2026. El diputado Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral y a la Ley de Partidos Políticos de Baja California con el objetivo de regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales y fortalecer los mecanismos de transparencia en el financiamiento de los partidos.
La propuesta legislativa busca establecer reglas específicas para evitar la manipulación del electorado mediante tecnologías digitales, particularmente a través de contenidos generados o alterados con inteligencia artificial.
El legislador señaló que el entorno político actual enfrenta nuevos riesgos derivados de la expansión de herramientas tecnológicas capaces de producir imágenes, audios o videos hiperrealistas. Según explicó, estas herramientas pueden ser utilizadas para crear mensajes falsos o manipular la percepción pública durante las campañas electorales.
Dentro del proyecto se establece la obligación de identificar y etiquetar de manera clara cualquier contenido generado o modificado con inteligencia artificial cuando sea difundido en el contexto de procesos electorales. La medida busca garantizar que la ciudadanía pueda reconocer cuándo un material audiovisual no corresponde a hechos reales o ha sido alterado digitalmente.
La iniciativa también contempla responsabilidades para concesionarios y plataformas digitales, quienes deberán advertir sobre la presencia de contenido no identificado o potencialmente manipulado que circule durante periodos electorales.
Uno de los puntos centrales del planteamiento es la prohibición expresa de difundir deepfakes o materiales alterados con inteligencia artificial que tengan como finalidad difamar, manipular la opinión pública o engañar al electorado.
De acuerdo con el documento presentado en el Congreso del Estado, el uso de inteligencia artificial para difamar, calumniar o denigrar a candidatos, partidos políticos o autoridades electorales será considerado una infracción electoral. Estas conductas podrían ser sancionadas mediante el Procedimiento Especial Sancionador previsto en la legislación electoral.
El proyecto también establece sanciones agravadas cuando la difusión de contenidos manipulados se realice mediante microsegmentación en redes sociales, práctica que permite dirigir mensajes políticos específicos a grupos de usuarios seleccionados mediante algoritmos.
Además de la regulación tecnológica, la iniciativa incorpora modificaciones orientadas a fortalecer la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
Entre las medidas planteadas se encuentra la prohibición de recibir recursos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, personas extranjeras o actividades ilícitas, así como la eliminación de aportaciones económicas en efectivo.
De aprobarse la reforma, todos los recursos privados destinados a partidos políticos deberán canalizarse exclusivamente a través del sistema financiero nacional, lo que permitiría generar registros verificables de las operaciones y reforzar los mecanismos de fiscalización electoral.
Según lo expuesto por el legislador, las modificaciones buscan garantizar que las contiendas electorales se desarrollen bajo condiciones de equidad y transparencia, reduciendo riesgos de manipulación tecnológica y de financiamiento irregular.
La propuesta también pretende armonizar el marco jurídico de Baja California con la Reforma Electoral 2026 impulsada a nivel federal, la cual incluye disposiciones relacionadas con el uso de tecnologías emergentes en procesos democráticos.
El documento legislativo fue presentado ante el Congreso del Estado para su análisis en comisiones, donde se revisará su viabilidad jurídica y su posible incorporación al marco normativo electoral de la entidad.
