Ciudad de México, 8 de septiembre de 2024. La diputada federal Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena, solicitó públicamente un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Padierna Luna acusa a la ministra de fomentar un paro de labores entre los altos mandos del Poder Judicial y permitir que estos perciban su salario sin trabajar, con el objetivo de obstruir la Reforma Judicial impulsada desde el Poder Legislativo.
En un comunicado, la legisladora instó a Piña a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que su comportamiento podría incurrir en delitos como el ejercicio ilícito de funciones, abuso de autoridad y pago indebido de remuneraciones. Según Padierna, la ministra estaría promoviendo acciones que impiden el funcionamiento del Poder Legislativo, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y un juicio político.
Padierna recordó que la justicia es un servicio público de interés general, conferido al Poder Judicial por mandato constitucional. Por lo tanto, ningún funcionario de alto mando tiene derecho a interrumpir sus funciones. Citó el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece como causal de responsabilidad que los servidores públicos dejen de desempeñar las funciones inherentes a su cargo.
La diputada subrayó que la Suprema Corte, como cabeza del Poder Judicial, está obligada a garantizar la continuidad del servicio de impartición de justicia, y cualquier acción que implique la interrupción de este servicio constituye una violación a la Constitución. Asimismo, recordó que Norma Piña, en su calidad de ministra presidenta, está sujeta a las obligaciones que confiere la ley a los altos mandos y no tiene derecho a promover ni participar en un paro de labores.
Padierna concluyó señalando que la actitud de la ministra podría causar un daño considerable al erario, al validar el pago a funcionarios que no están cumpliendo con sus funciones, lo que constituye una violación directa a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los principios constitucionales que rigen su actuación.
