Mexicali, Baja California, 28 de julio de 2026.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó este martes en la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro “N”, así como del excomandante Luis Alfonso “N” y de varios policías municipales en activo, quienes son investigados por su probable participación en delitos como desaparición de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en distintos puntos de la capital de Baja California por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La relevancia del caso radica en que las investigaciones alcanzan a quienes ocuparon posiciones de mando dentro de la corporación encargada de la seguridad pública en Mexicali, un hecho que vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de control interno y supervisión de las policías municipales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los detenidos son investigados por su presunta relación con delitos de alto impacto. Entre ellos se encuentran desaparición de personas, robo de vehículos y asociación delictuosa, además de otros ilícitos que pudieran acreditarse conforme avance la investigación.
La autoridad estatal informó que la carpeta de investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que puedan surgir nuevos datos o más personas involucradas. Asimismo, recordó que la situación jurídica de los imputados será definida por un juez, conforme al debido proceso y con respeto al principio de presunción de inocencia.
El despliegue también refleja la intervención directa de instituciones federales en un caso que involucra a exmandos policiales y personal operativo de una corporación municipal. La participación coordinada de la SSPC, Semar y Defensa evidencia la dimensión de la investigación y el interés de las autoridades por esclarecer posibles vínculos entre servidores públicos y actividades delictivas.
Para la ciudadanía, el caso representa un nuevo episodio en el desafío que enfrentan las instituciones de seguridad para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población actúen dentro de la legalidad. También pone sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles de confianza, la supervisión permanente y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las corporaciones policiales.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre los hechos específicos que dieron origen a la investigación ni el número total de órdenes de aprehensión cumplimentadas. Se espera que, conforme avance el proceso penal, las autoridades judiciales determinen si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los detenidos.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones permanecen en curso y que cualquier responsabilidad penal deberá acreditarse ante los tribunales, por lo que las personas detenidas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
