PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, 22 DE OCTUBRE DE 2026.- El derrame de aproximadamente 9 mil litros de combustible en el Cañón Rosarito ya tiene consecuencias legales. El Ayuntamiento de Playas de Rosarito presentó una denuncia contra la empresa Distribuidora Dagal por la contaminación ocasionada tras la volcadura de una pipa en esta zona del municipio.
El incidente encendió las alertas ambientales debido al riesgo de que el hidrocarburo continúe desplazándose por el arroyo y afecte terrenos, animales y actividades agrícolas cercanas.
La presidenta municipal, Rocío Adame, confirmó que la Secretaría de Medio Ambiente interpuso la denuncia correspondiente, debido a que los hechos podrían constituir un delito ambiental de competencia federal.
La alcaldesa explicó que Distribuidora Dagal continúa realizando trabajos de limpieza diariamente, aunque el avance de las labores depende de la extensión de la contaminación.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marisol Montaño, informó que se instaló una barrera de contención para concentrar el combustible en un área delimitada e impedir que siga avanzando por el cauce del arroyo.
La funcionaria detalló que personal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente ha realizado recorridos de supervisión para revisar las condiciones de la barrera y dar seguimiento a las acciones de limpieza.

Piden evitar contacto con el combustible
Ante los posibles riesgos para la salud y el entorno, las autoridades emitieron recomendaciones preventivas a los habitantes del Cañón Rosarito, principalmente para evitar el contacto directo con el hidrocarburo.
También solicitaron extremar precauciones con los animales domésticos y de crianza, así como con las actividades agrícolas desarrolladas cerca de la zona afectada.
Aunque las labores de contención y limpieza se mantienen activas, todavía no se ha informado públicamente cuánto tiempo tomará la recuperación del área ni si existen resultados de estudios que permitan determinar el alcance de la contaminación.
La denuncia abre un procedimiento para que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen las posibles responsabilidades ambientales de la empresa.
Por ahora, la prioridad es impedir que los residuos de combustible continúen extendiéndose y reducir los riesgos para las familias que habitan en las inmediaciones del arroyo.

