Tijuana, Baja California, 21 de noviembre de 2026.— Las recientes declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos tienen un antecedente documentado en Baja California: sanciones financieras contra 21 personas y 25 empresas o entidades, anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense el pasado 29 de septiembre.
Aunque Cole no identificó nuevos funcionarios ni presentó pruebas adicionales en su mensaje del 17 de noviembre, los expedientes oficiales permiten conocer cómo las autoridades estadounidenses han señalado presuntas redes de protección política, operaciones financieras y estructuras empresariales relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Los documentos hacen referencia directa a Tijuana y Mexicali, dos ciudades consideradas estratégicas por su ubicación fronteriza y por las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La advertencia de la DEA
El 17 de noviembre, Terry Cole publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que la corrupción en México contribuye al funcionamiento de redes criminales que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses.
El funcionario reiteró el compromiso de la DEA de investigar y exponer las conexiones entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos.
Sin embargo, la publicación no incluyó nombres de nuevos funcionarios investigados, expedientes específicos ni anuncios de detenciones.
Por ello, la advertencia debe distinguirse de las investigaciones y sanciones que otras autoridades estadounidenses han hecho públicas.
Los expedientes que señalan a Baja California
El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra 46 objetivos: 21 personas físicas y 25 entidades presuntamente relacionadas con estructuras del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial, la operación estuvo dirigida contra integrantes, operadores financieros, presuntos facilitadores políticos y empresas relacionadas con la organización criminal.
El Departamento del Tesoro identificó dos áreas particularmente relevantes: Tijuana y Mexicali.
En Tijuana, las autoridades estadounidenses describieron una estructura presuntamente vinculada con los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como «Aquiles» y «La Rana», respectivamente, a quienes atribuyen el control de actividades delictivas en esa zona fronteriza.
El documento también menciona a operadores y empresarios presuntamente relacionados con actividades de lavado de dinero mediante compañías de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
Entre las razones sociales incluidas en las sanciones aparecen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja y Conciertos y Espectáculos Inhouse, entre otras.
La inclusión de estas empresas en las designaciones estadounidenses representa una medida administrativa financiera y no constituye, por sí misma, una sentencia penal contra sus propietarios o representantes.
Mexicali y los presuntos vínculos políticos
El expediente dedica un apartado a Mexicali, donde el Departamento del Tesoro atribuye a la organización conocida como «Los Rusos» el control de determinadas operaciones criminales relacionadas con una facción del Cártel de Sinaloa.
En esa sección aparecen Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, señalados por OFAC como presuntos facilitadores de una red de protección política.
El comunicado también identifica a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y a Rafael Buenrostro Martín, entre las personas sancionadas.
La autoridad estadounidense sostiene que estas personas habrían proporcionado distintos tipos de apoyo a estructuras criminales.
Se trata de señalamientos formulados por el Departamento del Tesoro que deben entenderse dentro del alcance de sus facultades administrativas y financieras, sin equipararlos automáticamente con condenas judiciales.
México también aplicó medidas financieras
Las consecuencias del anuncio estadounidense no se limitaron a Washington.
El mismo 29 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizó información relacionada con los 46 sujetos incluidos en las designaciones de OFAC.
Según el comunicado número 77, la revisión permitió identificar operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras entre algunos de los sujetos examinados.
Como medida preventiva, la UIF determinó incorporar a las personas físicas y morales señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas.
La propia autoridad mexicana aclaró que esta decisión no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
También precisó que los involucrados conservan sus derechos de audiencia y defensa, así como la posibilidad de impugnar las medidas mediante los procedimientos correspondientes.
Este dato es relevante porque demuestra que las designaciones estadounidenses tuvieron una respuesta administrativa dentro del sistema financiero mexicano, aunque no acreditan por sí mismas la comisión de delitos.
De las sanciones financieras a las acusaciones penales
Las autoridades estadounidenses también han recurrido a procedimientos judiciales en casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció una acusación federal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de esa entidad.
La acusación incluye presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, derivados de una investigación sobre posibles acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado los señalamientos.
El propio Departamento de Justicia establece que las acusaciones constituyen imputaciones que deberán probarse ante los tribunales y que los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
Este expediente es distinto de las sanciones financieras anunciadas en Baja California, pero permite dimensionar las diferentes herramientas utilizadas por Estados Unidos para investigar presuntos vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
¿Qué falta por conocer en Baja California?
Aunque los documentos estadounidenses identifican personas, empresas y presuntas estructuras financieras, todavía existen preguntas de interés público que requieren investigación adicional.
Una de ellas es si las empresas sancionadas mantuvieron contratos, concesiones, relaciones comerciales o recibieron recursos públicos de gobiernos municipales o estatales de Baja California.
También resulta relevante establecer qué ocurrió con sus operaciones después de las sanciones y cuál es la situación actual de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados con las personas señaladas.
Responder estas preguntas requiere revisar registros mercantiles, padrones de proveedores, contratos gubernamentales y documentación obtenida mediante mecanismos de transparencia, además de solicitar la postura de los involucrados.
La existencia de una empresa en un listado de sanciones no demuestra que haya recibido recursos públicos ni que cualquier contrato eventualmente identificado constituya una irregularidad.
Una advertencia con antecedentes documentados
Las declaraciones de Terry Cole reabren el debate sobre las posibles relaciones entre el poder político y las organizaciones criminales en México.
En Baja California, sin embargo, el tema no se limita a una advertencia pública: existen documentos oficiales estadounidenses que identifican presuntas redes de protección y financiamiento, así como medidas preventivas adoptadas por las autoridades financieras mexicanas.
El siguiente paso para conocer el alcance real de estos expedientes será establecer qué consecuencias han tenido las sanciones, cuál es la situación de las empresas involucradas y qué información puede verificarse mediante registros públicos.
La pregunta pendiente no es únicamente a quién señala Estados Unidos, sino qué puede comprobarse sobre esas redes y sus posibles relaciones con el ejercicio del poder público en Baja California.
Documentos oficiales de referencia
Departamento del Tesoro de Estados Unidos: comunicado de sanciones.
OFAC: esquema de presuntas redes en Baja California.
