Tijuana, Baja California, 23 de octubre de 2023.- Durante su segundo informe, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, ha revelado planes para establecer la Procuraduría Ambiental Estatal, un paso significativo en la promoción del cumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el medio ambiente y la fauna en la entidad. Esta iniciativa representa una promesa de campaña de la actual titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Con la disminución de la capacidad de vigilancia por parte de algunas autoridades ambientales federales, la creación de la Procuraduría Ambiental Estatal se ve con optimismo. Además de asumir las responsabilidades estatales en estos asuntos, esta entidad podría coordinar sus funciones con las instituciones del Gobierno Federal.
Ejemplos notables incluyen la supervisión de la vida silvestre, a menudo responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la inspección y regulación de las descargas de aguas residuales por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). También abarcaría temas relacionados con la pesca silvestre, regulados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y la supervisión del mercado de hidrocarburos, en manos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA), ha expresado su preocupación por la disminución de las capacidades de inspección y vigilancia del Gobierno Federal en Baja California. Actualmente, las oficinas de Profepa en los municipios de Ensenada y Tijuana permanecen cerradas, dejando solo una presencia en el municipio de Mexicali, a pesar de la extensión territorial del estado.
Zavala Álvarez también enfatiza la importancia de que la nueva dependencia estatal cuente con un titular íntegro y con sólidos conocimientos técnicos en derecho ambiental. Además, sugiere que esta entidad debería trabajar en estrecha colaboración con las capacidades municipales de inspección y vigilancia.
Uno de los desafíos clave será asegurar un adecuado financiamiento, como lo señala Zavala Álvarez. La implementación de un programa de verificación vehicular podría generar recursos significativos para el gobierno estatal y contribuir al cumplimiento de las normas de calidad del aire, demostrando un compromiso con la mejora del medio ambiente compartido con los vecinos del sur de Estados Unidos.
La creación de la Procuraduría Ambiental Estatal representa un paso positivo para el cumplimiento de las regulaciones ambientales, pero, como señala Zavala Álvarez, se requerirá una voluntad política sólida para lograr avances significativos en esta área.
