MÉXICO.- Para el próximo año, Hacienda propone incrementar el cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro en la banda de 800 MHz que se utiliza para que los usuarios tengan acceso a servicios de telefonía e internet móviles.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, el gobierno federal asegura que las cuotas de los derechos que se cobran en México por esta frecuencia se encuentran por debajo de sus referencias a escala internacional.
Si se aprueba este aumento, los usuarios de telefonía e internet móviles pagarán el alza en el pago por el uso del espectro radioeléctrico que las telefónicas deben realizar cada año, explicó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
“La justificación económica de las empresas es que se elevó la estructura de costos, al conservar el margen de ganancias tengo que elevar los precios y lo que al final termina sucediendo es que es el consumidor el que lo paga, si no todo, una proporción sí”, detalló Ernesto Piedras.
Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, Hacienda propone elevar el cobro de derechos anuales por el espectro de la banda de 800 MHz.
El espectro radioeléctrico es un recurso que utilizan las telefónicas para ofrecer servicios móviles y pertenece al Estado, por lo que deben pagar por su uso y aprovechamiento.
Piedras destacó que el gobierno incrementa el costo del espectro porque sabe que para el consumidor estos servicios son esenciales, mientras que para las empresas es un recurso indispensable.
“Las empresas deben usar ese espectro para no salir del negocio, y por más que se diga que es un impuesto a la producción, siempre que una empresa lo pueda transferir al consumidor, lo hará, no se lo puedes prohibir”, subrayó Piedras.
Samuel Bautista, analista de The CIU, explicó que el incremento propuesto por el gobierno federal es de 56%, lo que resulta desproporcionado.
“Este incremento es varias veces más que la inflación que incluso se considera en los criterios de política económica del paquete mismo”.
Además de poner en riesgo las tarifas para el usuario final, Bautista explica que puede arriesgar la convocatoria de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a realizarse a finales de este año, pues desincentiva la participación de concesionarios.