Ciudad de México, 6 de junio de 2026.- La Cooperativa Pascual, conocida por productos como los jugos Boing, informó que sus ventas disminuyeron 4.4% durante los primeros tres meses de 2026 debido al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a bebidas con azúcar y otros productos considerados de consumo especial.
Para entender el impacto, basta con imaginar una tienda que vende menos productos mientras al mismo tiempo debe pagar más impuestos. Eso es lo que asegura estar enfrentando la cooperativa mexicana, que reportó una caída en sus ingresos y un fuerte aumento en su carga fiscal.
Durante el Foro Nacional de Cooperativas “Construyendo Economía Social”, el presidente del Consejo de Administración de Pascual, Héctor Eduardo Martínez, explicó que la empresa pagó 227.5 millones de pesos de IEPS entre enero y marzo de 2026. En el mismo periodo de 2025 había pagado 134.6 millones. La diferencia fue cercana a los 93 millones de pesos.
En términos simples, significa que la cooperativa tuvo que destinar mucho más dinero al pago de impuestos, recursos que normalmente podrían utilizarse para expandir operaciones, comprar equipo, abrir nuevas instalaciones o generar empleos.
¿Por qué no simplemente aumentan los precios? Según la empresa, porque eso podría provocar que los consumidores opten por otras marcas. Pascual afirma que compite contra grandes compañías internacionales con mayor capacidad financiera, por lo que trasladar todo el impuesto al precio final podría hacerla menos competitiva.
De acuerdo con sus directivos, actualmente absorben alrededor del 60% del costo adicional generado por el impuesto. Es decir, la empresa asume buena parte del golpe económico para evitar que el aumento llegue completamente al bolsillo de los consumidores.
Las consecuencias ya comienzan a reflejarse en sus planes de crecimiento. Uno de los proyectos que podría retrasarse es la construcción de una nueva planta de producción en Tamaulipas, contemplada originalmente para 2027.
La cooperativa explicó que este tipo de decisiones no solo afectan a la empresa. También pueden repercutir en trabajadores, proveedores y productores agrícolas que forman parte de su cadena de suministro.
Pascual opera bajo un modelo cooperativo, lo que significa que pertenece a sus socios y trabajadores, y no a inversionistas privados o fondos extranjeros. Según la empresa, esto limita su capacidad para absorber pérdidas prolongadas o recurrir a grandes fuentes de financiamiento cuando enfrenta aumentos de costos.
Otro aspecto que destacó la cooperativa es que en los últimos años modificó parte de su catálogo para adaptarse a las políticas de salud pública enfocadas en reducir el consumo de azúcar. Entre esos cambios se encuentran bebidas sin azúcar, sin edulcorantes y sin sellos de advertencia.
La empresa también subrayó su relación con el campo mexicano. Cada año compra alrededor de 27 mil toneladas de fruta a productores de estados como Veracruz, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, además de adquirir cientos de millones de pesos en azúcar producida en México.
Por ello, sus directivos consideran que cualquier reducción en inversiones o crecimiento puede tener efectos más amplios que los reflejados en sus estados financieros.
Ante este escenario, Pascual pidió a legisladores revisar la forma en que se aplica el IEPS a las cooperativas. La propuesta no busca eliminar el impuesto, según la empresa, sino encontrar mecanismos que consideren las características de organizaciones que operan bajo modelos de economía social.
El debate ocurre en un contexto donde el gobierno federal mantiene políticas orientadas a combatir la obesidad y reducir el consumo de bebidas azucaradas, mientras empresas y cooperativas buscan equilibrar esos objetivos con la viabilidad económica de sus operaciones.
