Mexicali, B.C., viernes 27 de diciembre de 2024. En un hecho histórico para Baja California, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que permitirá, por primera vez, la elección ciudadana de jueces, juezas y magistraturas del Poder Judicial. Esta medida busca incrementar la transparencia, eficiencia y legitimidad en la impartición de justicia, promoviendo una mayor participación ciudadana.

La reforma, contenida en el Dictamen 15 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, establece que alrededor de 170 cargos judiciales serán renovados mediante voto popular en junio de 2025. Entre estos se incluyen:

  • 17 Magistraturas Numerarias, una especializada en justicia para adolescentes y 16 de competencia mixta.
  • 3 Magistraturas Supernumerarias de competencia mixta.
  • 3 Magistraturas Numerarias del Tribunal de Disciplina Judicial.
  • 1 Magistratura Supernumeraria del Tribunal de Disciplina Judicial.
  • Cargos de juezas y jueces en su totalidad.

La reforma también contempla la creación de órganos técnicos y administrativos independientes que supervisarán la selección de aspirantes bajo criterios rigurosos y transparentes, asegurando que el proceso sea inclusivo y refleje las necesidades sociales actuales.

Votación en el Congreso

La iniciativa, presentada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue aprobada por mayoría calificada con el respaldo de las bancadas de MORENA, PVEM, FxM, PESBC, PT y PRI. En contraste, los partidos PAN y MC votaron en contra.

Con este avance, el dictamen será turnado a los ayuntamientos de Baja California para completar el trámite legislativo que señala la ley.

Un paso hacia la democratización judicial

Este cambio sin precedentes busca democratizar el Poder Judicial al alinear sus procesos de renovación con los electorales federales. El objetivo es consolidar un Estado de Derecho sólido, donde la justicia sea más accesible, inclusiva y legitimada por la voluntad ciudadana.

El cronograma establecido garantiza que los procesos se realicen de manera eficiente, respetando los principios de democracia y transparencia, con el propósito de reflejar fielmente las demandas de la sociedad bajacaliforniana.

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