Mexicali, Baja California, miércoles 6 de mayo de 2026.- El Congreso de Baja California exhortó a autoridades estatales a investigar posibles casos de usurpación de funciones policiales, tras reportes sobre personas que utilizan patrullas, uniformes y equipamiento sin acreditación oficial para realizar actos de autoridad.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Fidel Mogollón Pérez, quien solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado para verificar estos hechos y prevenir riesgos a la población.
De acuerdo con lo expuesto, en las últimas semanas se han documentado testimonios y materiales audiovisuales donde aparecen unidades con apariencia oficial, cuyos ocupantes no portan identificación visible o utilizan vestimenta no reglamentaria. En algunos casos, incluso cubren su identidad, lo que dificulta confirmar si se trata de personal autorizado.
El legislador advirtió que esta situación genera incertidumbre entre la ciudadanía, especialmente cuando estas personas realizan acciones como detenciones o retenciones, sin claridad sobre el sustento legal de sus actos.
Señaló que la seguridad pública es una función exclusiva del Estado, que debe ejercerse bajo principios de legalidad, certeza y profesionalismo. Por ello, subrayó la importancia de que toda autoridad esté plenamente identificada y cuente con atribuciones debidamente conferidas.
También se alertó sobre la presencia de estas unidades en zonas habitacionales, incluyendo fraccionamientos y calles privadas, donde la intervención de fuerzas de seguridad requiere condiciones específicas. Este tipo de situaciones, indicó, puede representar un riesgo directo para la integridad y el patrimonio de las familias.
El exhorto plantea que las autoridades implementen operativos de verificación y control sobre el uso de patrullas, uniformes, insignias y equipo oficial, así como la investigación de posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones.
Además, se solicitó que las dependencias involucradas informen al Congreso sobre las acciones emprendidas y los resultados obtenidos, con el fin de garantizar que la seguridad pública sea ejercida únicamente por instituciones legalmente facultadas.
El llamado se da en un contexto donde la confianza en las corporaciones de seguridad depende en gran medida de la certeza de que quienes actúan en nombre de la autoridad lo hacen dentro del marco legal.
