Mexicali, B.C., 28 de mayo de 2025.– En respuesta al incremento de feminicidios y con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales para su prevención y sanción, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto dirigido a diversas autoridades estatales, solicitando la implementación de los Centros Especializados para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) en la entidad.

La propuesta, presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, fue avalada por el pleno legislativo como parte de un esfuerzo por garantizar justicia y atención integral a las víctimas de feminicidio, así como a sus familiares.

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De acuerdo con el exhorto, se hace un llamado al Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado, para que actúen de manera coordinada en la aplicación del protocolo ministerial con perspectiva de género, especialmente en casos de muertes violentas de mujeres y tentativas de feminicidio.

La legisladora argumentó que el enfoque estatal no debe limitarse al castigo posterior al crimen, sino incluir mecanismos preventivos, de reeducación social y acompañamiento integral. Como parte de esta visión, se propone que los CECOVIM se instalen prioritariamente en los municipios de Ensenada, San Quintín, Tecate y Playas de Rosarito.

Datos oficiales revelan que, entre 2015 y febrero de 2022, se abrieron 92 carpetas de investigación por feminicidio y otras 20 por tentativa en Baja California. Según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el 59% de las mujeres asesinadas eran madres de familia, dejando a decenas de niñas y niños expuestos a nuevos riesgos, muchas veces sin respaldo institucional.

En este sentido, se planteó que los juzgadores apliquen de manera oficiosa la perspectiva de género, y que las autoridades responsables garanticen la reparación integral del daño. Esto incluye atención médica y psicológica para víctimas indirectas, así como medidas institucionales para evitar la repetición de estos hechos.

El Congreso subrayó que la creación de los CECOVIM debe formar parte de una política pública estructural, que articule justicia, prevención y protección efectiva, con una visión centrada en los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

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