Ciudad de México, 23 de agosto de 2024 — En una sesión marcada por intensos debates, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone la extinción de siete organismos autónomos en México. La iniciativa, que ha generado una amplia controversia, avanza hacia su discusión en el pleno de la Cámara.
Los organismos cuya eliminación se propone son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El dictamen aprobado argumenta que estos organismos han dejado de ser necesarios o su función puede ser absorbida por otras entidades gubernamentales, lo que permitiría una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente criticada por legisladores de oposición y expertos, quienes advierten sobre las posibles implicaciones negativas en términos de transparencia, competitividad y autonomía en la regulación de sectores estratégicos.
Entre las principales preocupaciones destaca la centralización del poder y la posible vulneración de derechos ciudadanos, al eliminar organismos que han sido fundamentales en la defensa de la competencia económica, la transparencia, y la supervisión de sectores clave como el energético y el educativo.
La propuesta, que forma parte de un plan más amplio del gobierno para reorganizar y reducir el tamaño de la administración pública, deberá ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobada, la extinción de estos organismos implicaría reformas constitucionales que requerirían una mayoría calificada.
Este dictamen ha desatado un intenso debate tanto en la esfera política como en la sociedad civil, que se mantiene atenta a las implicaciones que esta reforma podría tener en el equilibrio de poderes y la transparencia gubernamental en México.
