Saltillo, Coahuila, 12 de mayo de 2026.- El Gobierno de Coahuila emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de operaciones relacionadas con la compra, venta y promoción de terrenos campestres que no cuentan con autorizaciones oficiales, situación que podría derivar en pérdidas económicas, conflictos legales y sanciones administrativas para compradores y desarrolladores.
La Secretaría de Gobierno estatal informó que se han identificado predios ofertados sin permisos municipales, sin uso de suelo autorizado y sin la documentación legal requerida para su comercialización. De acuerdo con las autoridades, algunos desarrollos tampoco cuentan con factibilidad de servicios básicos ni registros oficiales que acrediten su legalidad.
El gobierno estatal señaló que este tipo de operaciones representan un riesgo patrimonial para las familias, debido a que muchas personas realizan pagos o inversiones en terrenos que posteriormente no pueden ser escriturados, urbanizados o habitados legalmente.
La administración estatal exhortó a la población a verificar antes de cualquier compra que el predio se encuentre debidamente registrado y que el desarrollo cuente con las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes.
Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran revisar la situación jurídica del terreno, confirmar el uso de suelo autorizado y consultar directamente con instancias municipales y estatales encargadas del desarrollo urbano.
La alerta también incluye advertencias sobre las consecuencias legales para quienes promuevan o comercialicen terrenos fuera del marco normativo vigente. Según lo informado por el Gobierno de Coahuila, el artículo 311 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado contempla sanciones para actos de venta, promoción o transferencia irregular de terrenos.
Las multas pueden alcanzar hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de un millón de pesos, o incluso hasta el 20 por ciento del valor comercial del inmueble involucrado.
Asimismo, el artículo 315 de la misma legislación establece sanciones para propietarios o desarrolladores que celebren actos jurídicos sin autorización para vender o construir. En estos casos, las multas pueden llegar a 5 mil UMAS, cifra equivalente a aproximadamente 585 mil pesos por cada acto celebrado.
Además de las sanciones económicas, las autoridades señalaron que pueden aplicarse medidas adicionales como clausuras de obras, demoliciones, arrestos administrativos de hasta 36 horas y otras acciones legales correspondientes.
El gobierno estatal indicó que estas medidas buscan reforzar la legalidad en el crecimiento urbano y evitar afectaciones económicas a familias que buscan adquirir patrimonio mediante esquemas aparentemente accesibles, pero que operan fuera de la normatividad.
La problemática relacionada con desarrollos irregulares y venta de terrenos sin permisos ha sido recurrente en distintas regiones del país, especialmente en zonas rurales, periurbanas y áreas con crecimiento inmobiliario acelerado. Especialistas en desarrollo urbano han advertido que muchos de estos esquemas utilizan publicidad en redes sociales o contratos privados para atraer compradores sin ofrecer certeza jurídica.
Autoridades de Coahuila reiteraron que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier posible irregularidad relacionada con desarrollos inmobiliarios o venta de predios sin autorización.
