TIJUANA, B.C.- La fuerza policíaca del municipio de Rosarito no ha crecido durante los últimos 2 años y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio tiene solamente la mitad de los policías que se necesita, señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) Juan Manuel Hernández Niebla.
Durante su participación como invitado en la sesión semanal del Grupo Madrugadores de Playas de Rosarito, habló de la necesidad de contratar más policías para dicho municipio.
Refirió además que éste es el momento de aprovechar la coyuntura electoral para involucrar a los candidatos de los distintos partidos políticos, para generar compromisos por escrito en materia de seguridad.
Hizo alusión a que todos los aspirantes deben escuchar las voces de la ciudadanía y comprometerse en temas como el mejoramiento de las corporaciones policíacas, así como más y mejores prestaciones para los elementos.
Con presión social, agregó, “se puede generar voluntad política que en ocasiones hace falta para reconocer el problema de inseguridad y empezar a trabajar para solucionarlo”.
LAS RECOMENDACIONES DEL CCSPBC
Expresó que entre las recomendaciones que el CCSPBC hace para dar frente al problema de la inseguridad en la región, se encuentra el contar con un censo de población adicta, una línea de atención especializada, un padrón de centros de rehabilitación, así como políticas públicas en materia de adicciones.
Hernández Niebla, mencionó entre otras propuestas la de crear una contraloría social y que todos los programas de prevención del delito fluyan hacia ella, que esté conformada por ciudadanos de cada uno de los municipios, que maneje todo lo referente en materia de políticas públicas sobre prevención del delito y que se reglamente de manera adecuada para que no importando el alcalde en turno los programas continúen.
Por último dijo que entre los temas que deben darse seguimiento en la mesa de seguridad ciudadana, recientemente instalada en Rosarito, está el seguimiento al Certificado Único Policial (CUP), la contratación y depuración de la policía, la integración de un comité contra las adicciones, la transparencia presupuestal y los programas de previsión del delito.
