Mexicali, Baja California, 16 de julio de 2026.- La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel abrió este jueves un nuevo enfrentamiento político en Baja California. Horas después de que agentes federales ejecutaron en Ensenada una orden de aprehensión por la probable comisión de delincuencia organizada y contrabando de combustible, Morena y el PAN intercambiaron acusaciones sobre el origen y la oportunidad del procedimiento.
La Fiscalía General de la República obtuvo la orden judicial como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones irregulares de Ingemar, empresa fundada por Ruffo. La captura fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con la información difundida tras el operativo.
Rosina del Villar Casas, dirigente estatal de Morena, respondió a la defensa pública que el PAN hizo del exmandatario. Acusó al partido de intentar minimizar la investigación y de presentar la detención como una maniobra relacionada con la controversia por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Del Villar sostuvo que los tiempos de la justicia federal no dependen de las disputas políticas locales. También pidió al PAN dejar de presentar a Ruffo como víctima y permitir que el procedimiento avance ante los tribunales.
La declaración elevó el tono al acusar a Acción Nacional de “defender a delincuentes”. Sin embargo, esa expresión representa una postura partidista y no la situación jurídica definitiva del exgobernador. Hasta el momento, Ruffo enfrenta una acusación y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
El PAN denuncia un “distractor”
La dirigencia panista calificó la detención como injustificada y aseguró que busca desviar la atención de los audios atribuidos a la gobernadora. También pidió que el proceso respete las garantías constitucionales del exmandatario.
El PAN afirmó que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero reclamó el mismo criterio para funcionarios de otros partidos que enfrentan señalamientos públicos. Su dirigencia nacional expresó confianza en que Ruffo podrá responder a las acusaciones mediante su defensa legal.
Hasta ahora no se han presentado públicamente elementos que demuestren una relación entre la orden de aprehensión y la difusión de los audios. Morena los define como un montaje, mientras que el PAN los utiliza para cuestionar el momento de la captura. Ninguna de esas interpretaciones sustituye una investigación independiente sobre ambos acontecimientos.
La decisión estará en manos de un juez
Una orden de aprehensión significa que un juez encontró elementos suficientes para presentar al investigado ante la justicia. No representa una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía deberá formular la imputación, exponer los datos reunidos y solicitar, en su caso, que Ruffo sea vinculado a proceso. La defensa tendrá oportunidad de responder, cuestionar las pruebas y presentar sus propios argumentos.
El caso tiene un peso especial en Baja California. Ruffo gobernó el estado entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer gobernador de oposición en México después de décadas de predominio priista.
Para la ciudadanía, el asunto central no debería reducirse al intercambio de acusaciones entre Morena y PAN. Lo relevante será conocer la evidencia, el posible daño económico, las empresas involucradas y la eventual responsabilidad de cada persona investigada. También deberá vigilarse que el proceso se conduzca sin privilegios, pero con pleno respeto al debido proceso.
