Mexicali, Baja California, 23 de abril de 2026.- Entre 400 y 500 familias asentadas en las inmediaciones del Arroyo Santa Catarina, en el municipio de San Felipe, enfrentan riesgos constantes de inundación y carecen de certeza jurídica sobre sus viviendas, una situación que llevó al diputado Juan Manuel Molina García a exhortar a los tres órdenes de gobierno a intervenir con obras hidráulicas y procesos de regularización.
El legislador planteó la instalación de una mesa interinstitucional que articule acciones entre autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de avanzar en la canalización del arroyo y en la regularización de los asentamientos humanos ubicados en su zona de influencia.
De acuerdo con el posicionamiento respaldado por el Pleno, la falta de infraestructura hidráulica en esta área ha generado históricamente condiciones de vulnerabilidad, especialmente durante temporadas de lluvias intensas. El Arroyo Santa Catarina funciona como un cauce natural que concentra escurrimientos, lo que incrementa el riesgo para las familias que habitan en sus márgenes.
La problemática no solo se limita a la exposición a fenómenos hidrometeorológicos. La ausencia de certeza jurídica sobre los predios impide que los habitantes accedan a programas de vivienda, financiamiento y servicios básicos, lo que mantiene a estas comunidades en condiciones de rezago estructural.
El exhorto legislativo subraya que una intervención integral permitiría transformar el entorno urbano. La canalización del arroyo no solo reduciría el riesgo de inundaciones, sino que también abriría la puerta a la regularización de viviendas, facilitando el acceso a servicios públicos y fortaleciendo la seguridad patrimonial de las familias.
Molina García destacó que esta obra tendría un impacto directo en el desarrollo del municipio. San Felipe, considerado el municipio más joven de Baja California, cuenta con potencial en sectores como el turismo, la pesca y el crecimiento urbano, pero enfrenta limitaciones derivadas de asentamientos irregulares en zonas vulnerables.
El planteamiento contempla la participación del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, el Ayuntamiento de San Felipe y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas instancias, señaló, cuentan con atribuciones complementarias para diseñar e implementar una solución estructural.
Además de mitigar riesgos, la canalización del arroyo podría contribuir a elevar el valor urbano de la zona, proteger infraestructura existente y generar condiciones para un crecimiento ordenado. El legislador insistió en que la atención de esta problemática no debe postergarse, al tratarse de un asunto que involucra la seguridad, el patrimonio y la calidad de vida de cientos de familias.
