Mexicali, Baja California, 30 de septiembre de 2026.- Comprar una casa o terreno en Baja California podría incorporar nuevos filtros para comprobar que una propiedad puede venderse legalmente antes de que una familia entregue dinero, firme un contrato o se comprometa con un esquema de pagos.
El diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa para reformar la Ley que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado, con el objetivo de fortalecer la prevención, verificación y transparencia en las operaciones inmobiliarias.
La propuesta todavía deberá transitar por el proceso legislativo correspondiente antes de que las modificaciones puedan entrar en vigor.
Una constancia antes de anunciar o preventar
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de una Constancia de Disponibilidad Jurídica, que tendría que obtenerse antes de la publicidad o preventa de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios.
La intención es verificar previamente la situación jurídica del inmueble y reducir el riesgo de que compradores entreguen recursos por propiedades cuya titularidad, disponibilidad o posibilidad legal de comercialización se encuentre en disputa.
La reforma también propone establecer un Sistema de Alertas Preventivas para advertir sobre inmuebles que presenten controversias registrales o posibles irregularidades.
Además, contempla mayores controles sobre la publicidad inmobiliaria difundida mediante plataformas digitales, mecanismos para verificar la identidad y titularidad de propietarios en operaciones de arrendamiento y sanciones más severas y proporcionales para quienes incumplan las disposiciones.
El antecedente de Paraíso Jurásico
Durante la presentación de la iniciativa, Razo Córdova mencionó el caso de Paraíso Jurásico, en Tecate, como ejemplo de los riesgos que enfrentan compradores cuando existen controversias sobre la propiedad de un inmueble.
El caso tiene antecedentes públicos desde 2023, cuando compradores manifestaron preocupación sobre la situación jurídica de los terrenos que estaban adquiriendo.
En enero de 2024, autoridades municipales de Tecate clausuraron un evento de promoción del desarrollo al determinar que no se contaba con permisos para la venta de terrenos, despalme, trazo de caminos y construcciones.
El conflicto continuó posteriormente y durante 2026 afectados denunciaron públicamente haber realizado pagos por terrenos cuya propiedad se encontraba en controversia.
El caso ilustra precisamente uno de los problemas que la iniciativa busca atender: que la revisión de la situación jurídica ocurra antes de que el comprador comprometa su patrimonio, y no solamente cuando ya existe una controversia.
Las cifras que sustentan la iniciativa
De acuerdo con el comunicado del Congreso, con datos atribuidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California acumuló 3 mil 806 denuncias por fraude entre enero de 2025 y junio de 2026, equivalentes a un promedio cercano a siete casos diarios.
La cifra corresponde al delito de fraude en general y, por lo tanto, no significa que las 3 mil 806 denuncias sean específicamente por fraude inmobiliario.
El documento legislativo también señala que durante 2025 se registraron 1,286 denuncias por despojo en Baja California, otro delito que puede estar relacionado con controversias sobre posesión y propiedad, aunque tampoco todos esos expedientes necesariamente corresponden a operaciones inmobiliarias fraudulentas.
¿Qué cambiaría para quien quiere comprar?
De prosperar la reforma en los términos planteados, una de las diferencias estaría en trasladar parte de la prevención hacia una etapa anterior de la operación.
Actualmente, una persona puede encontrarse con publicidad de terrenos o desarrollos y asumir que el hecho de que exista una inmobiliaria, contrato, oficina de ventas o campaña en redes sociales significa que la propiedad puede comercializarse sin problemas.
La iniciativa pretende añadir mecanismos formales para comprobar esa situación antes de la promoción o preventa.
“Las familias deben tener certeza de que el inmueble que van a adquirir puede ser ofertado legalmente y de que quien lo anuncia está autorizado para hacerlo”, señaló Razo Córdova.
Qué revisar mientras se discute la reforma
Independientemente del avance que tenga la iniciativa, antes de entregar un enganche o firmar una promesa de compraventa resulta recomendable comprobar la identidad de quien se ostenta como propietario, revisar la inscripción del inmueble y verificar que el desarrollo cuente con las autorizaciones correspondientes.
También conviene desconfiar de que la publicidad en redes sociales, la existencia de oficinas comerciales o incluso la posibilidad de visitar físicamente un terreno sean, por sí mismas, pruebas suficientes de certeza jurídica.
La propuesta presentada en el Congreso busca precisamente cerrar parte de ese espacio de riesgo mediante verificaciones y alertas previas.
