Mexicali, Baja California, 29 de diciembre de 2024. – El Congreso del Estado de Baja California ha declarado oficialmente la reforma de 20 artículos de la Constitución Política del Estado, alineándola con las modificaciones aprobadas a nivel federal el pasado 15 de septiembre. La iniciativa, presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca fortalecer la independencia del Poder Judicial local y mejorar su operatividad.
La reforma incluye artículos clave como el 5, 18, 27 y 94, abarcando temas de organización electoral, administración judicial y requisitos para los cargos en el Poder Judicial. El proceso legislativo culminó el 27 de diciembre, con una votación mayoritaria en el Congreso de 21 votos a favor y 4 en contra. Además, los siete ayuntamientos del estado —Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Felipe y San Quintín— emitieron votos afirmativos, completando el requisito legal para la promulgación.
Entre los cambios más destacados se encuentra la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de la supervisión y sanción del personal judicial, garantizando independencia técnica y de gestión. Asimismo, las campañas para cargos judiciales se ajustarán a estrictos criterios de austeridad, prohibiendo financiamiento privado y restringiendo la propaganda en medios de comunicación.
Esta reforma también incorpora ajustes al proceso electoral local, estipulando plazos específicos para la convocatoria y elección de jueces y magistrados. Además, establece principios de paridad de género y mecanismos de evaluación para el desempeño de los funcionarios judiciales.
El próximo paso será la implementación de estas disposiciones, que incluyen la elaboración de un Plan de Desarrollo Judicial por parte del Consejo de Administración del Poder Judicial. Este órgano será el encargado de supervisar la aplicación de los nuevos lineamientos y velar por el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales en el estado.
Con este avance, Baja California se posiciona como uno de los estados pioneros en adoptar las reformas federales al sistema judicial, marcando un precedente para otras entidades en el país. .
