Mexicali, Baja California, 26 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó una nueva legislación para reforzar la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión en Baja California, en una sesión donde la iniciativa avanzó con 21 votos a favor y sin rechazos. El ordenamiento establece un marco jurídico específico para enfrentar una modalidad delictiva que, según autoridades, ha evolucionado con el uso de tecnologías y estrategias más sofisticadas.
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión consolida criterios previamente dispersos en el marco normativo estatal y fija una estructura de 33 artículos distribuidos en cinco Títulos y nueve Capítulos. Su contenido incluye principios rectores, mecanismos de coordinación interinstitucional y procedimientos que servirán de referencia para las autoridades encargadas de la persecución penal.
Con esta legislación, los delitos vinculados a la extorsión podrán investigarse de oficio, lo que permitirá activar procedimientos sin necesidad de denuncia previa. Este cambio se suma al fortalecimiento de capacidades operativas orientadas a respuestas más ágiles en casos donde víctimas optan por no reportar agresiones por temor o presión criminal.
El nuevo ordenamiento es complementario a la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025, que estandariza sanciones en todo el país con un rango penal de 15 a 25 años de prisión, susceptible de incrementarse a más de cuatro décadas en escenarios agravados, incluyendo actos contra comerciantes, migrantes, personas menores o adultas mayores, así como cuando se emplea violencia física, armas o intervienen servidores públicos.
De acuerdo con la información legislativa, este marco normativo busca cerrar brechas legales que por años limitaron la actuación de las autoridades frente a una práctica delictiva con impacto directo en hogares, negocios y comunidades. Su aprobación también responde al desafío que representa la expansión del delito, considerado una expresión de adaptación criminal ante controles institucionales previos.
La iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y por el legislador Juan Manuel Molina García, quienes plantearon que la consolidación de criterios legales permitirá uniformar criterios de atención en todo el territorio y establecer directrices de actuación con enfoque de derechos humanos.
