MEXICALI, B.C.- El gobierno de Baja California ha intensificado sus esfuerzos para investigar y sancionar casos de corrupción que tuvieron lugar durante la administración estatal entre 2019 y 2021. Hasta el momento, se han presentado al menos 20 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de medicamentos, lavamanos y uniformes, que involucran sobornos y sobreprecios.
Durante la octogésima edición del “Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar”, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informaron que varios funcionarios de la pasada administración están siendo investigados. Entre los casos destacados se encuentran los de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N”, quienes desempeñaban funciones en el área de la salud. Estos funcionarios enfrentan múltiples denuncias por conductas criminales.
Alonso Óscar “N”, en particular, está siendo investigado por peculado, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades. Se le atribuye la responsabilidad de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas. Las investigaciones administrativas aún continúan, y no se descarta que se descubra la implicación de más personas en actos de corrupción. Se asegura que cualquier nueva determinación será informada de manera oportuna a la sociedad y remitida al Poder Judicial del Estado.
La gobernadora Marina del Pilar resaltó la importancia del combate a la corrupción y la dignificación del servicio público en Baja California. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública ha desempeñado un papel fundamental en este proceso, bajo la dirección de Rosina del Villar. Han implementado un plan de trabajo, establecido orden jurídico y administrativo, y desarrollado estrategias de defensa, fiscalización y auditoría. Estas acciones representan un auténtico combate a la corrupción en la historia del Estado.
Desde que se implementaron estas medidas, se han realizado 42 auditorías a dependencias gubernamentales, identificando 326 observaciones. De estas, 77 han sido solventadas, 46 aclaradas, 152 no solventadas, 46 remitidas a investigación y cinco en proceso de investigación. Además, se han abierto 12,604 expedientes de investigación, de los cuales 4,612 están relacionados con asuntos de situación patrimonial.
El gobierno también ha atendido 2,631 asuntos ciudadanos y ha establecido 232 comités de contraloría social en colaboración con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Se han llevado a cabo 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han impuesto 129 sanciones, incluyendo nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. Además, 32 expedientes han sido remitidos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para determinar las sanciones correspondientes.
La secretaria Rosina del Villar enfatizó la importancia de la participación ciudadana en estas acciones a través de las contralorías sociales. No solo son testigos de la atención a las denuncias presentadas, sino que también tienen la oportunidad de denunciar irregularidades en obras y programas sociales.
Con estas medidas, el gobierno de Baja California busca combatir la corrupción y promover la honestidad en el servicio público. El compromiso de las autoridades es mantener a la sociedad informada sobre los avances en estas investigaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
