Mexicali, Baja California, 15 de febrero de 2026.- Un grupo de 51 personas extrabajadoras de la empresa Autolite acudió al Congreso del Estado para exponer que fueron separadas de sus empleos tras el cierre inesperado de la planta en enero, sin notificación formal ni pago de indemnización, según señalaron durante el encuentro.
La reunión se llevó a cabo en la Sala Mujeres de Baja California: Forjadoras de la Patria, donde la diputada Liliana Michel Sánchez Allende escuchó los casos de quienes afirmaron haber encontrado las instalaciones cerradas al intentar ingresar a su centro de trabajo.
Entre las personas afectadas se encuentran trabajadores con antigüedades que van desde seis meses hasta más de dos décadas. También se reportan casos con más de 30 años de servicio. La mayoría pertenece a un rango de edad de entre 48 y 70 años, lo que, de acuerdo con lo expuesto, complica su reincorporación inmediata al mercado laboral.
Durante el encuentro, la legisladora informó que se realizarán gestiones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo para facilitar la vinculación con nuevas oportunidades laborales. Además, planteó la posibilidad de coordinar apoyos con la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría de Bienestar para quienes opten por iniciar un proyecto de emprendimiento.
El caso ocurre en un contexto en el que el Congreso local analiza una iniciativa de reforma al Código Penal, conocida como “Ley antigolondrinas”, cuyo objetivo es tipificar como delito prácticas patronales como el cierre repentino de empresas, el incumplimiento reiterado de salarios y el abandono de obligaciones laborales.
La diputada reiteró que la propuesta busca establecer mayores mecanismos de responsabilidad para empresas que operan en la entidad y que utilizan infraestructura pública y capital humano local. También llamó a las personas afectadas a mantener la coordinación entre sí mientras avanzan los procesos legales correspondientes.
El cierre de la planta se suma a otros episodios registrados en la frontera norte donde trabajadores han denunciado despidos masivos vinculados a reestructuraciones empresariales. Especialistas en derecho laboral han señalado en distintos foros que este tipo de situaciones reabre el debate sobre la supervisión de inversiones industriales y la protección efectiva de derechos laborales en la región.
