Tijuana, Baja California, 9 de marzo de 2026.- Organizaciones del gremio jurídico en Baja California solicitaron a las autoridades estatales investigar los actos de vandalismo registrados durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en Tijuana, luego de que instalaciones judiciales y expedientes legales resultaran dañados durante la jornada.
El pronunciamiento fue difundido por integrantes del sector legal, quienes dirigieron su solicitud a la gobernadora del estado, a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique a las personas responsables de los daños.
Entre las afectaciones señaladas se encuentran instalaciones de la Fiscalía y de los juzgados Séptimo y Octavo de lo Familiar, donde también se reportó la destrucción de expedientes relacionados con procedimientos judiciales en curso.
De acuerdo con la información difundida por el gremio jurídico, algunos de los documentos afectados estaban vinculados con trámites de órdenes de restricción, pensiones alimenticias y procesos de adopción. La pérdida de estos archivos podría complicar la continuidad de ciertos procedimientos legales, especialmente cuando se trata de documentos originales utilizados dentro de expedientes judiciales.
En un segundo posicionamiento, integrantes de una barra de abogadas de la ciudad manifestaron su rechazo a los actos de violencia y a los daños ocasionados durante las protestas, al tiempo que señalaron la necesidad de reconocer el contexto social que rodea las movilizaciones del 8 de marzo.
Las juristas indicaron que, desde su ejercicio profesional, han acompañado casos de violencia y procesos de búsqueda de justicia por parte de mujeres y familias, por lo que reconocen el clima de indignación que existe frente a la impunidad. Sin embargo, advirtieron que la destrucción de instalaciones institucionales y documentos judiciales puede impactar directamente en procesos legales y en los derechos de personas que esperan una resolución.
En su posicionamiento también señalaron que México enfrenta altos niveles de impunidad y que diversas ciudades del país, incluida Tijuana, registran cifras relevantes de violencia contra las mujeres, lo que ha contribuido a un contexto de inconformidad social expresado en movilizaciones públicas.
Ambos pronunciamientos coincidieron en la necesidad de que las autoridades investiguen los hechos ocurridos durante las manifestaciones y refuercen las acciones institucionales destinadas a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
