Mexicali, Baja California, 17 de octubre de 2026.- Presentar deliberadamente una acusación falsa contra un maestro o directivo escolar podría tener consecuencias penales en Baja California, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López ante el Congreso del Estado.
La propuesta plantea incorporar los artículos 320 Ter y 320 Quater al Código Penal estatal para tipificar y sancionar imputaciones y quejas falsas contra personal docente y directivo, tanto de escuelas públicas como privadas.
La legisladora de Morena argumentó que la medida busca proteger la presunción de inocencia de los trabajadores de la educación ante señalamientos realizados de mala fe, especialmente cuando estos se difunden en redes sociales y provocan daños a su reputación o trayectoria profesional.
Denunciar seguirá siendo un derecho
Uno de los puntos centrales de la propuesta es distinguir entre una denuncia que no logra comprobarse y una acusación formulada deliberadamente con información falsa.
De acuerdo con la exposición de motivos, la intención no es impedir que estudiantes, madres, padres de familia o cualquier persona denuncien posibles irregularidades, abusos o delitos dentro de las escuelas.
Por el contrario, Murillo sostuvo que denunciar constituye un mecanismo indispensable para proteger a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa se dirige específicamente a las imputaciones realizadas con dolo, es decir, cuando existe la intención consciente de formular una acusación falsa.
Una denuncia sin pruebas suficientes no equivale, por sí sola, a una denuncia deliberadamente falsa. Esta distinción resulta fundamental para evitar que la reforma desaliente a posibles víctimas de violencia o abuso.
El problema de las acusaciones en redes sociales
La diputada señaló que existen casos de docentes que han sido separados temporalmente de sus funciones, sometidos a procedimientos administrativos o exhibidos públicamente después de recibir acusaciones que posteriormente resultaron infundadas o inconsistentes.
También advirtió que las redes sociales pueden amplificar señalamientos antes de que las autoridades concluyan una investigación.
Sin embargo, el comunicado legislativo no proporciona cifras sobre la cantidad de denuncias falsas registradas en Baja California ni identifica expedientes específicos que permitan dimensionar el problema.
La propuesta pretende establecer una protección vinculada con la función educativa, independientemente de si el trabajador pertenece a una institución pública o privada.
¿Qué cambiaría para maestros y familias?
De aprobarse, la reforma incorporaría disposiciones penales específicas para las imputaciones y quejas dolosamente falsas contra docentes y directivos.
Esto no significaría que cualquier denuncia desestimada pudiera castigarse automáticamente. Para acreditar una conducta dolosa sería necesario demostrar los elementos del delito que finalmente establezca la legislación.
Por ahora, el comunicado no precisa las penas de prisión, multas u otras sanciones que contemplaría la reforma.
Tampoco se informa sobre su aprobación, por lo que la propuesta todavía no debe presentarse como una nueva ley vigente.
El debate legislativo tendrá que considerar tanto la protección de los trabajadores educativos frente a acusaciones fabricadas como las garantías necesarias para que estudiantes y familias puedan denunciar posibles abusos sin temor a represalias.
La iniciativa abre así una discusión sobre cómo proteger simultáneamente la presunción de inocencia del personal escolar y el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir protección y acceder a la justicia.
