WASHINGTON, D.C., 30 de septiembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y representantes de seis de las principales compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial firmaron un acuerdo voluntario que establece medidas de supervisión para los modelos tecnológicos de frontera.
El documento, denominado White House Accord on Super Intelligence: Joint Commitment on Frontier Responsibilities, lleva las firmas de Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, de OpenAI; Elon Musk, de xAI; y Jensen Huang, de Nvidia, además de la del presidente estadounidense.
El compromiso establece cuatro niveles de control que las empresas participantes deberán implementar para supervisar el funcionamiento de sus sistemas y detectar posibles comportamientos no previstos.
El acuerdo se produce en momentos en que Estados Unidos busca definir su estrategia frente al rápido desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados y mientras continúa el debate internacional sobre los mecanismos adecuados para supervisar esta tecnología.
¿Qué acordaron las empresas?
El primer compromiso consiste en establecer controles internos para vigilar las capacidades y el comportamiento de los modelos durante su entrenamiento y operación.
El documento menciona específicamente áreas como ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas, además de medidas destinadas a evitar que los sistemas accedan a infraestructura técnica de formas no previstas.
Cada compañía deberá contar también con un equipo interno responsable de comprobar que los controles, mecanismos de monitoreo y sistemas de detección funcionen correctamente y de corregir las deficiencias identificadas.
Una tercera medida contempla la participación de auditores o evaluadores externos independientes, quienes deberán analizar si los controles y mecanismos de detección funcionan de acuerdo con su diseño.
Finalmente, las empresas deberán designar un comité independiente dentro de sus respectivos consejos directivos para recibir los resultados de las evaluaciones internas y externas y supervisar la corrección de los problemas detectados.
Es un compromiso voluntario, no una nueva ley
El alcance jurídico del acuerdo es uno de sus elementos centrales.
El documento firmado por Trump y los ejecutivos tecnológicos no crea por sí mismo una nueva regulación federal ni establece sanciones gubernamentales específicas por incumplimiento.
Trump describió públicamente el compromiso como “morally binding” —moralmente vinculante—, pero esa expresión no convierte el acuerdo en una obligación legal equivalente a una ley o regulación federal.
Las compañías también acordaron reunirse periódicamente para establecer estándares y compartir mejores prácticas destinadas a mejorar la seguridad de sus sistemas.
El propio documento reconoce que, con el tiempo, algunas de estas medidas podrían incorporarse a leyes o regulaciones. Sin embargo, no establece que eso vaya a ocurrir ni fija un calendario para hacerlo.
La Casa Blanca adopta el término “Super Intelligence”
El acuerdo coincide con otra medida adoptada por Trump el 29 de septiembre: una orden ejecutiva que instruye a las dependencias del Poder Ejecutivo estadounidense a utilizar los términos “Super Intelligence” (SI) en sustitución de “Artificial Intelligence” (AI) en comunicaciones oficiales, páginas gubernamentales, reportes y otros documentos no estatutarios.
El cambio de terminología no significa que Estados Unidos haya establecido jurídicamente una nueva categoría tecnológica distinta de la inteligencia artificial.
La propia orden ejecutiva dispone que, mientras no exista una definición diferente establecida mediante una acción presidencial posterior o por el Congreso, “Super Intelligence” abarcará las tecnologías actualmente comprendidas dentro de la definición legal estadounidense de inteligencia artificial.
La Casa Blanca argumenta que la nueva denominación refleja mejor las capacidades que están adquiriendo los sistemas actuales. Esa explicación corresponde a la posición oficial de la administración Trump y no constituye una redefinición científica internacional del concepto.
La orden también concede 60 días al asistente presidencial para Ciencia y Tecnología para presentar una propuesta de definición federal de “Super Intelligence”, así como posibles modificaciones legislativas relacionadas con el término.
Autorregulación con evaluaciones externas
El modelo establecido por el acuerdo combina mecanismos de supervisión empresarial con evaluaciones independientes.
Las compañías conservan la responsabilidad de implementar sus controles internos y mantener equipos dedicados a vigilar sus sistemas, mientras que una segunda capa de revisión deberá realizarse mediante auditores o evaluadores externos.
A nivel corporativo, los resultados deberán llegar además a comités independientes de los consejos directivos.
El esquema, sin embargo, es distinto de una regulación gubernamental obligatoria: el documento no crea una nueva autoridad federal encargada de imponer estos controles ni establece un régimen de multas o sanciones.
La diferencia resulta relevante para entender el alcance de lo firmado: las seis empresas asumieron compromisos concretos de supervisión y auditoría, pero Estados Unidos no convirtió esas medidas en obligaciones legales mediante este acuerdo.
Una errata quedó en el documento firmado
La versión difundida del acuerdo contiene además un error tipográfico debajo de la firma del presidente estadounidense.
En lugar de “President of the United States”, el documento muestra “President of the Unites States”.
La errata aparece en la página que reúne las firmas de Trump y los seis representantes empresariales y fue reportada después de la difusión pública del documento.
El error no modifica el contenido ni el alcance del compromiso firmado.
