Tijuana, Baja California, 23 de septiembre de 2026.- Un joven denunció haber sido víctima de presuntas agresiones, amenazas y despojo de dinero por parte de dos elementos de la Policía Municipal de Tijuana, acusaciones que ya provocaron la apertura de una investigación de oficio por parte de la Sindicatura Procuradora.
De acuerdo con el testimonio difundido este miércoles, los hechos habrían ocurrido el pasado 19 de septiembre, luego de que el joven solicitara un viaje mediante una plataforma de transporte para recoger a su novia. Durante el trayecto surgió una diferencia relacionada con la ruta y el costo del servicio y, posteriormente, el conductor se acercó a policías municipales que se encontraban en una gasolinera.
El denunciante sostiene que fue entonces cuando dos agentes municipales comenzaron a interrogarlo y presuntamente le quitaron el dinero que llevaba consigo.
Según su versión, los policías también le exigieron desbloquear su teléfono celular y acceder a sus cuentas bancarias para comprobar cuánto dinero tenía disponible.
Denuncia exigencia de 300 dólares
El joven aseguró que los agentes le exigieron 300 dólares y le preguntaron si tenía posibilidad de conseguir una cantidad mayor.
También afirmó haber sido golpeado para obligarlo a eliminar videos que había grabado durante el encuentro y señaló que tanto él como su novia fueron amenazados para evitar que denunciaran lo ocurrido. Finalmente, dijo, fue dejado en libertad en inmediaciones del bulevar 2000.
Las acusaciones corresponden hasta ahora al testimonio del denunciante y no constituyen una determinación de responsabilidad contra los policías señalados.
Llamó al 911 y asegura que regresó uno de los agentes
Uno de los puntos más relevantes del relato ocurrió después.
El joven afirmó que, tras quedar en libertad, llamó al 911 para denunciar a los agentes y proporcionó información de la patrulla involucrada.
Sin embargo, asegura que uno de los mismos policías a los que acababa de reportar llegó posteriormente para atender la llamada de emergencia.
El denunciante señaló que reconoció al agente y tomó fotografías durante ese segundo encuentro. También aseguró haber presentado denuncias ante la Sindicatura Procuradora de Tijuana y la Fiscalía General del Estado.
De confirmarse, el registro del 911 y el despacho de la unidad podrían convertirse en piezas relevantes para reconstruir lo ocurrido, al permitir establecer qué patrulla recibió el reporte, qué elementos se encontraban asignados a ella y a qué hora ocurrió la intervención.
Sindicatura abre investigación de oficio
Horas después de hacerse público el señalamiento, la síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que instruyó iniciar una investigación de oficio.
La funcionaria señaló que se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que procedan, manteniendo el debido proceso.
La apertura del expediente tampoco implica que los policías sean responsables de los hechos denunciados.
Sindicatura ha recurrido anteriormente a investigaciones de oficio y medidas cautelares cuando existen señalamientos contra servidores públicos. En julio suspendió provisionalmente a una agente municipal mientras investigaba su actuación durante una ceremonia de graduación; la dependencia precisó entonces que la medida no representaba una determinación anticipada de responsabilidad.
En agosto también fueron suspendidos precautoriamente cinco servidores públicos de la Estancia Municipal de Infractores mientras se investigaban presuntas agresiones contra un detenido.
Alrededor de 200 expedientes contra policías
El caso se produce mientras la Sindicatura mantiene una carga importante de procedimientos relacionados con integrantes de la corporación municipal.
A finales de julio, Balderas informó que existían alrededor de 200 expedientes en trámite contra policías municipales, algunos correspondientes a asuntos heredados de administraciones anteriores. Entre las conductas denunciadas se encuentran presuntos abusos, dádivas, extorsión, omisiones de deberes y otras faltas administrativas.
La investigación del nuevo caso deberá establecer, entre otros puntos, quiénes eran los elementos asignados a la unidad señalada, cuál fue su recorrido durante la noche del 19 de septiembre y si existen registros del sistema de emergencias, cámaras, fotografías o cualquier otra evidencia que permita corroborar o descartar el relato.
