Tijuana, Baja California, 17 de septiembre de 2026.- Las demandas para anular sanciones relacionadas con los operativos de alcoholimetría se dispararon en Tijuana durante 2026: hasta el 11 de septiembre se habían registrado 998 casos, frente a los 653 recibidos durante todo 2025, de acuerdo con información de la Sindicatura Procuradora.
La diferencia representa un incremento aproximado de 52.8 por ciento, mientras que la autoridad municipal estima que, si la tendencia continúa durante los últimos meses del año, podrían acumularse alrededor de mil 440 procedimientos, más del doble de los registrados el año pasado.
¿Qué está pasando con las impugnaciones?
La Sindicatura informó que el crecimiento de los juicios administrativos llevó al Ayuntamiento de Tijuana a realizar ajustes para fortalecer jurídica y técnicamente las actuaciones derivadas de los operativos de alcoholimetría.
De acuerdo con la autoridad municipal, entre los casos que habían conseguido resoluciones favorables mediante recursos de inconformidad se encontraban asuntos relacionados con vehículos reincidentes y automóviles de modelo reciente.
El objetivo del cambio aprobado es que los procedimientos administrativos cuenten con elementos jurídicos más sólidos y reglas claras para evitar inconsistencias que posteriormente puedan ser utilizadas para solicitar la nulidad de una sanción.
Buscan cerrar espacios a reincidencias y datos falsos
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, señaló que la medida pretende establecer condiciones que permitan resolver los procedimientos con mayor certeza jurídica, particularmente cuando existan antecedentes de reincidencia o información falsa dentro de los expedientes.
La funcionaria sostuvo que el ajuste no busca eliminar ni restringir el derecho de las personas a inconformarse ante una sanción.
“El sentido de mi voto no pretende limitar el derecho de defensa de la ciudadanía ni interferir en la autonomía de los órganos jurisdiccionales”, expresó Balderas Beltrán.
Explicó que el propósito es fortalecer los operativos previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y reducir las inconsistencias administrativas que puedan derivar en la anulación de procedimientos.
¿Qué cambia para los automovilistas?
La modificación no elimina la posibilidad de presentar recursos o demandas contra una sanción derivada de un alcoholímetro.
Lo que busca el Ayuntamiento es reforzar la documentación y sustento jurídico de los operativos para que las sanciones puedan sostenerse ante una eventual revisión administrativa o judicial.
Para los conductores, esto significa que los procedimientos derivados de los filtros de alcoholimetría podrían contar con una defensa legal municipal más robusta cuando sean impugnados.
El dato
653 demandas de nulidad se recibieron durante 2025.
998 se habían acumulado hasta el 11 de septiembre de 2026.
1,440 casos aproximadamente podrían registrarse al cierre del año si continúa la tendencia.
