TIJUANA, Baja California, 7 de septiembre de 2026.- Los 7 millones 200 mil pesos que el Gobierno Municipal de Tijuana destinó al Centro de Rehabilitación Jireh para atender a 300 personas con problemas de adicción están bajo revisión de la Sindicatura Procuradora.
La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, informó este lunes que desde el 13 de julio su dependencia solicitó documentación para fiscalizar el ejercicio del recurso público otorgado al centro relacionado con la denominada Patrulla Espiritual.
La revisión, aclaró, comenzó antes de la muerte de un interno que posteriormente derivó en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y antes de que autoridades sanitarias suspendieran temporalmente instalaciones de Jireh.
¿Qué está pidiendo Sindicatura?
La dependencia solicitó información sobre el padrón de las 300 personas contempladas en el programa, además de registros que permitan conocer el seguimiento y la atención que recibieron.
La revisión incluye informes de avance físico y social, servicios de rehabilitación, acompañamiento psicosocial, atención médica y documentación financiera relacionada con el ejercicio de los 7.2 millones de pesos.
Balderas explicó que la obligación de Sindicatura es revisar cualquier actividad en la que exista ejercicio de dinero público, desde la entrega hasta la comprobación de los recursos.
La funcionaria señaló también que, al momento de otorgarse el apoyo, se verificó que se hubieran cumplido los requisitos establecidos dentro del esquema correspondiente y que esa primera revisión no presentó anomalías.
Sin embargo, eso no significa que el ejercicio completo de los 7.2 millones ya haya sido validado.
El centro todavía se encuentra dentro del plazo para entregar la comprobación y será una vez presentada la documentación cuando Sindicatura podrá revisar el destino del dinero y determinar si existe alguna observación.
$24 mil por cada tratamiento proyectado
El origen del recurso se encuentra en el programa municipal “Salud para Todos: Rescate y Vida Nueva”, anunciado el 28 de abril.
El proyecto fue aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondos Tijuana y contempló una inversión de 7 millones 200 mil pesos para atender a 300 personas durante un tratamiento completo de desintoxicación y rehabilitación de tres meses.
La operación equivale a un presupuesto promedio de 24 mil pesos por cada persona contemplada en el programa.
El dinero público fue destinado a Jireh Centro de Rehabilitación El Señor Proveerá A.C., organización vinculada públicamente con Patrulla Espiritual.
El Ayuntamiento había anunciado que mostraría resultados
Cuando presentó el programa, el entonces presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz aseguró que aproximadamente un mes después se convocaría nuevamente para mostrar testimonios del “antes y después” de las personas beneficiadas y conocer los resultados del proyecto.
Ese compromiso adquiere ahora especial relevancia.
Además de comprobar facturas o movimientos financieros, la fiscalización deberá permitir determinar cuántas de las 300 personas efectivamente ingresaron al programa, cuánto tiempo permanecieron, qué atención recibieron y qué seguimiento quedó documentado.
Es precisamente ese tipo de información la que Sindicatura solicitó desde julio.
La revisión precede a la crisis de Jireh
Balderas enfatizó este lunes que la intervención de Sindicatura no comenzó como consecuencia de los acontecimientos recientes.
El requerimiento documental se realizó el 13 de julio, semanas antes del fallecimiento de Richard Damián Pimentel, un joven de 28 años cuya muerte en instalaciones de Jireh es investigada por la Fiscalía General del Estado. Dos personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en ese homicidio.
Posteriormente, el 4 de septiembre, autoridades estatales suspendieron temporalmente instalaciones del centro tras una inspección sanitaria.
Este lunes también se informó que 74 internos fueron trasladados desde una clínica de Jireh suspendida hacia otro centro de rehabilitación que, de acuerdo con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, cumple con los requisitos correspondientes.
La pregunta ahora es la comprobación
Hasta este momento, Sindicatura no ha informado que haya detectado desvío de recursos, fraude o alguna irregularidad administrativa relacionada con los 7.2 millones de pesos.
Lo confirmado es que el ejercicio se encuentra sujeto a fiscalización y que Jireh deberá comprobar documentalmente el destino del dinero.
Por ello, la siguiente etapa será clave: conocer si el centro acredita plenamente el padrón de 300 beneficiarios, los servicios proporcionados y el gasto correspondiente.
El caso Jireh dejó así de ser únicamente una investigación sobre las condiciones dentro de los centros de rehabilitación.
Ahora también existe una pregunta de interés público que deberá responderse con documentos:
¿cómo fueron utilizados los 7.2 millones de pesos que Tijuana destinó para rehabilitar a 300 personas?
