TIJUANA, Baja California, 4 de septiembre de 2026.- El Centro de Rehabilitación Jireh, donde Richard Damián murió tres días después de haber sido internado, fue suspendido temporalmente este viernes después de que autoridades estatales detectaron incumplimientos sanitarios, deficiencias en las condiciones de atención e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internas.
La intervención ocurrió en un momento particularmente sensible para los centros de rehabilitación de Baja California.
Un día antes, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, reveló que durante inspecciones realizadas en 2025 a 36 centros de rehabilitación fueron localizadas seis personas con órdenes de aprehensión, tres de ellas buscadas por asuntos relacionados con homicidio.
Ahora, el gobierno estatal plantea continuar y ampliar las revisiones.
Los dos acontecimientos colocan sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de Jireh:
¿Qué ocurre dentro de los cientos de centros de rehabilitación que operan en Baja California y quién vigila las condiciones en las que permanecen las personas internadas?
Garabato comenzó a revisar registros oficiales, declaraciones de autoridades y directorios federales. La primera conclusión es que incluso determinar cuántos centros existen, cuántos están registrados y cuántos cumplen diferentes niveles de regulación resulta complejo.
Jireh fue suspendido
La revisión de este viernes fue realizada por un operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y COEPRIS.
La autoridad sanitaria determinó la suspensión temporal de actividades de Jireh después de documentar incumplimientos a la normatividad aplicable.
Pero entre los hallazgos comunicados por el gobierno destaca uno que trasciende las condiciones materiales del establecimiento.
Las autoridades reportaron “irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas”.
El señalamiento introduce una cuestión fundamental sobre el funcionamiento de este tipo de establecimientos: bajo qué circunstancias ingresan las personas, cómo se documenta su voluntad de permanecer internadas y qué procedimientos existen cuando desean abandonar el tratamiento.
El comunicado oficial no detalla cuáles fueron específicamente las irregularidades encontradas ni cuántos de los internos presentaban problemas en la documentación de su consentimiento.
Un escolta armado fue detenido
Durante la misma intervención, autoridades detuvieron a una persona que, según la información oficial, fungía como escolta en el establecimiento.
El hombre portaba un arma de fuego y no pudo acreditar el permiso correspondiente, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica.
El gobierno no informó para quién trabajaba específicamente el escolta, a quién brindaba protección ni las circunstancias en las que se encontraba dentro de Jireh.
La investigación relacionada con el arma continuará de manera independiente a la suspensión sanitaria y al procedimiento penal por la muerte de Richard.
Los internos permanecieron en el establecimiento
Al momento del operativo había personas internadas en Jireh.
El Instituto de Psiquiatría del Estado ofreció trasladarlas voluntariamente a otros centros de atención, pero, según la información oficial, ninguna fue desalojada.
Este punto abre otra interrogante.
La autoridad informó simultáneamente que el establecimiento quedó suspendido y que las personas que permanecían internadas no fueron retiradas.
El comunicado no precisa cuáles actividades puede continuar realizando Jireh mientras permanezca vigente la suspensión, si puede mantener a los actuales residentes ni bajo qué condiciones sanitarias permanecerán ahí.
La suspensión, aclararon las autoridades, constituye una medida administrativa derivada de la verificación sanitaria y es independiente de las investigaciones penales en curso.
Richard entró el 18 de agosto; murió tres días después
La inspección tiene como antecedente inmediato el homicidio de Richard Damián, de 28 años.
El joven ingresó al establecimiento el 18 de agosto.
Tres días después fue localizado sin vida.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes en su cuerpo.
El 29 de agosto, la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables.
El proceso penal continúa y las personas involucradas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
Pero el homicidio provocó algo más: puso nuevamente bajo escrutinio la forma en que son supervisados los establecimientos dedicados a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones.
Y entonces apareció otro dato.
Seis buscados por la justicia en 36 centros
Durante la conferencia estatal del 3 de septiembre, Laureano Carrillo reveló que las autoridades ya habían desarrollado durante 2025 un esquema de revisiones a centros de rehabilitación.
Fueron inspeccionados 36 establecimientos, principalmente en Tijuana y Mexicali, además de Tecate.
El resultado:
seis personas con órdenes de aprehensión.
Tres eran buscadas por homicidio.
La proporción observada dentro de esos operativos equivale aritméticamente a una persona con orden de aprehensión por cada seis establecimientos revisados y una buscada por homicidio por cada 12.
Pero hay una precisión indispensable.
Esas proporciones no pueden extrapolarse al resto de los centros de Baja California.
No existe información pública suficiente para determinar que los 36 establecimientos hayan sido seleccionados como una muestra aleatoria o estadísticamente representativa. Pudieron intervenir criterios de inteligencia, antecedentes, denuncias u otros factores.
El 6 de 36 describe exclusivamente lo encontrado en esos operativos.
Lo que sí demuestra es que las revisiones produjeron resultados relevantes para las autoridades de seguridad.
Carrillo anunció ahora que buscarán dar continuidad a la estrategia y generalizar las revisiones, mediante coordinación entre Seguridad, Fiscalía, COEPRIS y otras autoridades.
¿288, 229 o más de 500?
Aquí comienza uno de los problemas que Garabato encontró al revisar la información disponible sobre los anexos de Baja California:
ni siquiera existe públicamente una fotografía única y actualizada que permita conocer cuántos operan.
En diciembre de 2024, el entonces encargado de despacho de COEPRIS, Rigoberto Isarraraz Hernández, informó que Baja California tenía 288 centros de rehabilitación registrados.
Durante aquel año, la dependencia había realizado alrededor de 140 verificaciones y suspendido 30 establecimientospor diferentes irregularidades.
En abril de 2025, el entonces encargado de COEPRIS, Evaristo Ruiz Palafox, volvió a proporcionar la cifra de 288 centros registrados.
En febrero de 2025, una investigación de ZETA había documentado una dimensión todavía mayor: autoridades calculaban la existencia de más de 500 establecimientos en el estado, mientras menos de 300 se encontraban registrados.
Y para febrero de 2026, Ruiz Palafox habló de 229 centros básicamente registrados, alrededor de 150 de ellos concentrados en Tijuana, Tecate y Rosarito.
La diferencia entre esas cifras no debe interpretarse automáticamente como centros cerrados o desaparecidos.
Pueden corresponder a modificaciones del padrón, diferentes criterios administrativos o establecimientos que dejaron de operar. Sin el padrón completo y actualizado, no es posible determinarlo.
Y ésa es precisamente una de las respuestas que esta investigación buscará obtener.
36 frente a 288
Existe, sin embargo, una forma prudente de dimensionar los operativos revelados por Seguridad.
Los 36 establecimientos revisados durante 2025 equivalen numéricamente al 12.5% de los 288 centros que COEPRIS decía tener registrados ese mismo año.
Eso no significa que Seguridad haya inspeccionado exactamente el 12.5% del padrón.
Para afirmarlo sería necesario comprobar que los 36 formaban parte de esos 288 y conocer los criterios con los que fueron seleccionados.
Sirve únicamente como referencia de escala.
Y dentro de esos 36 establecimientos fueron localizadas seis personas buscadas por la justicia.
El registro federal muestra otra realidad
Garabato revisó además el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales que cuentan con un Reconocimiento o Distintivo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
Aquí es fundamental distinguir conceptos.
El directorio federal no representa el universo completo de centros existentes ni equivale al padrón de COEPRIS.
La propia CONASAMA explica que ahí aparecen establecimientos que, después de ser supervisados y evaluados, demostraron cumplir criterios mínimos indispensables para brindar atención conforme a la normatividad.
El documento divide los establecimientos reconocidos en dos categorías: aquellos con servicios profesionales de salud mental y los de estancia temporal con programas de ayuda mutua. A escala nacional contiene 141 centros: 103 de la primera categoría y 38 de la segunda.
En la primera categoría aparecen solamente seis establecimientos de Baja California.
Uno está en Playas de Rosarito, uno en Ensenada y cuatro corresponden a Tijuana.
Por ello sería incorrecto afirmar que Baja California solamente tiene seis centros autorizados.
Registrado ante una autoridad estatal, sujeto a verificación sanitaria y reconocido por CONASAMA son condiciones diferentes.
Para una familia que busca dónde internar a una persona, sin embargo, esas diferencias administrativas pueden resultar difíciles de identificar.
La pregunta que cualquier familia debería poder responder
Imagine una familia de Tijuana, Mexicali o cualquier otro municipio que hoy enfrenta una crisis de adicciones.
Busca un centro.
Encuentra uno mediante Facebook, Google, una recomendación o algún conocido.
Antes de entregar a esa persona, debería poder responder preguntas elementales:
¿Está registrado? ¿Cuándo fue inspeccionado por última vez? ¿Cumple las condiciones sanitarias? ¿Quién es responsable de la atención médica? ¿Existe algún antecedente de suspensión? ¿Cómo se documentará el consentimiento del paciente?
La investigación realizada hasta ahora por Garabato no ha localizado un padrón estatal público, completo, actualizado y fácilmente consultable que permita responder en un mismo sitio todas esas preguntas.
Y el caso Jireh acaba de demostrar por qué importa.
¿Cuándo habían revisado Jireh?
La suspensión de este viernes abre una pregunta particularmente relevante para COEPRIS:
¿Cuándo había sido inspeccionado Jireh por última vez antes de la muerte de Richard?
Y, en caso de haber sido verificado:
¿qué encontró entonces la autoridad?
También falta conocer si Jireh se encontraba dentro del padrón estatal, cuál era su estatus sanitario antes del 21 de agosto, qué capacidad tenía autorizada, cuántas personas estaban internadas y si anteriormente había recibido observaciones, sanciones o suspensiones.
Esas respuestas permitirán determinar si las irregularidades detectadas este viernes eran recientes o si existían antecedentes administrativos.
El consentimiento abre otra investigación
El hallazgo relacionado con el consentimiento merece atención particular.
El comunicado oficial no afirma que las personas estuvieran privadas ilegalmente de la libertad.
Tampoco proporciona elementos suficientes para llegar a esa conclusión.
Lo que sí establece es que las autoridades encontraron irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internas.
Eso obliga a preguntar cómo funciona el ingreso a los centros de rehabilitación en Baja California.
¿Cuántas personas ingresan voluntariamente?
¿Cuántas son llevadas por familiares?
¿Qué documento acredita su consentimiento?
¿Qué sucede cuando una persona internada manifiesta que desea salir?
¿Quién puede impedirlo y bajo qué fundamento?
¿Existen denuncias ante la Fiscalía por posibles privaciones ilegales de la libertad relacionadas con centros de rehabilitación?
Son preguntas que ya forman parte de esta investigación.
El mapa que Baja California no tiene
Richard Damián convirtió a Jireh en el centro de atención.
Pero Jireh es solamente un establecimiento dentro de un universo que las propias autoridades han dimensionado en cientos.
Y ahora existen dos hechos que no pueden analizarse aisladamente.
En 2025, las autoridades entraron a 36 centros y localizaron seis personas buscadas por la justicia.
En 2026, después de que un joven murió dentro de Jireh, una inspección encontró incumplimientos sanitarios, deficiencias en la atención e irregularidades relacionadas con la acreditación del consentimiento.
Por eso la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió dentro de Jireh.
La pregunta es:
¿Qué ocurre dentro de los anexos de Baja California?
Garabato inicia con esta publicación El mapa de los anexos de Baja California, una investigación que buscará identificar cuántos establecimientos operan realmente, cuáles están registrados, cuáles han sido inspeccionados o sancionados, cuántas personas permanecen internadas, qué denuncias y muertes se han registrado y cuáles han recibido recursos públicos.
También buscará responder algo todavía más elemental:
¿Cómo puede saber una familia si el lugar al que está confiando a una persona es seguro?
La suspensión de Jireh no cierra el caso.
Lo acaba de hacer más grande.
