Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representen un mecanismo de censura para las empresas de radio y televisión, y sostuvo que su objetivo es garantizar el derecho constitucional a recibir información diferenciada de la opinión y de la publicidad.
Durante su conferencia, la mandataria afirmó que las nuevas disposiciones no facultan a las autoridades para sancionar contenidos editoriales ni para intervenir en la línea informativa de los medios de comunicación.
Según explicó, las obligaciones previstas se centran en que cada concesionario cuente con un código de ética, designe una persona defensora de las audiencias y establezca un mecanismo para atender quejas del público.
Sheinbaum aseguró que estas medidas buscan hacer efectivo el derecho a la información previsto en el artículo 6° de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a acceder a información plural y oportuna.
Uno de los aspectos que destacó es que los medios deberán identificar con claridad cuándo un contenido corresponde a una noticia, cuándo se trata de una opinión y cuándo existe un espacio publicitario o patrocinado, con el fin de ofrecer mayor transparencia a las audiencias.
La presidenta también recordó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en 2025, fue discutida con representantes de la industria de la radio y la televisión antes de su aprobación.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que los lineamientos no contemplan sanciones relacionadas con el contenido de los programas ni buscan limitar la libertad de expresión.
Explicó que cada empresa deberá definir en su propio código de ética los mecanismos mediante los cuales garantizará la veracidad de la información y el respeto a los derechos de las audiencias.
¿Por qué este tema ha generado debate?
La consulta pública sobre estos lineamientos ha provocado reacciones entre organizaciones de periodistas, concesionarios y especialistas en libertad de expresión.
Mientras el Gobierno federal sostiene que las reglas fortalecen el derecho ciudadano a recibir información clara y diferenciada, algunos sectores de la industria han expresado preocupación por la posibilidad de que su aplicación pueda derivar en presiones regulatorias o interpretaciones que afecten la autonomía editorial.
Hasta ahora, las autoridades federales insisten en que las disposiciones no contemplan censura previa ni multas por opiniones o contenidos periodísticos, sino obligaciones administrativas relacionadas con la protección de las audiencias.
