Ciudad de México, 24 de junio de 2026.- La Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena difundió un posicionamiento público en respuesta a la controversia generada por presuntos discursos transfóbicos expresados desde una tribuna política en Chiapas. En el documento, la dirigencia partidista reiteró su respaldo a los derechos de las personas de la diversidad sexual y aseguró que ha impulsado acciones políticas y jurídicas para garantizar su protección en esa entidad.
El pronunciamiento surge en medio de una discusión que ha ganado visibilidad en redes sociales y espacios políticos durante los últimos días. La instancia partidista afirmó que mantiene una postura de rechazo ante cualquier manifestación de violencia, discriminación o discurso de odio dirigido a integrantes de la comunidad LGBTQ+.
En el texto, Morena señaló que los derechos humanos son universales y que no deben estar sujetos a consultas o debates que cuestionen la dignidad de las personas. También sostuvo que la libertad de expresión no debe utilizarse como argumento para justificar expresiones que promuevan discriminación o violencia.
La Secretaría de la Diversidad Sexual indicó que ha dado seguimiento al caso y que ha emprendido acciones internas relacionadas con el tema. Sin embargo, no detalló medidas específicas ni informó sobre posibles sanciones o procedimientos partidistas derivados de la controversia.
Uno de los puntos centrales del posicionamiento fue la decisión de no amplificar las declaraciones que originaron el conflicto. Morena argumentó que reproducir esos mensajes podría contribuir a su difusión y aumentar su alcance público. En ese sentido, la organización sostuvo que el debate debe centrarse en la defensa de derechos y no en la promoción de expresiones que considere discriminatorias.
El documento también hizo referencia a una cita atribuida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, relacionada con la necesidad de combatir los discursos de odio. Con ello, la dirigencia buscó reforzar su postura de rechazo a expresiones que puedan afectar a grupos históricamente vulnerables.
La discusión ocurre en un contexto nacional donde los temas relacionados con identidad de género, inclusión y derechos de las personas trans continúan generando posiciones encontradas entre actores políticos, organizaciones civiles y sectores de la sociedad. Diversos colectivos han insistido en la importancia de garantizar espacios libres de discriminación, mientras que otros grupos han planteado cuestionamientos sobre políticas públicas vinculadas a estos temas.
Aunque el caso tiene origen en Chiapas, la controversia refleja un debate presente en distintas regiones del país, incluida la frontera norte. En Baja California, donde existen organizaciones activas en defensa de los derechos de la diversidad sexual, este tipo de posicionamientos suelen ser observados de cerca por colectivos ciudadanos, activistas y representantes políticos.
Para la ciudadanía, el tema vuelve a colocar sobre la mesa la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y los discursos que pueden derivar en exclusión o violencia. También evidencia la relevancia que han adquirido las agendas de derechos humanos dentro de los partidos políticos y la presión social para que las instituciones definan posturas claras frente a casos de discriminación.
La postura difundida por Morena se suma a una conversación nacional que probablemente continuará en los próximos días, conforme distintos actores políticos y sociales expresen sus puntos de vista sobre el caso y sus implicaciones.
