Tijuana, Baja California, 27 de mayo de 2026.- La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a dos denuncias que presentó contra dos personas identificadas como Viridiana N. y Eduardo N., relacionadas con presuntos actos de violencia política en razón de género.
Durante su declaración ante medios de comunicación, la funcionaria explicó que una de las denuncias fue presentada hace aproximadamente un año, mientras que la segunda tiene entre cuatro y cinco meses de antigüedad. Señaló que su presencia en la Fiscalía obedeció a la recepción de notificaciones relacionadas con el avance de ambos expedientes y a la revisión del proceso legal correspondiente.
Balderas indicó que las autoridades ya habían emitido medidas de protección en abril pasado dirigidas a los denunciados. Sin embargo, aseguró que posteriormente observó conductas que, a su consideración, incumplieron dichas disposiciones, por lo que consideró necesario informar nuevamente a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones.
La síndica detalló que las medidas buscaban evitar expresiones o comentarios que pudieran fomentar violencia política en razón de género. Añadió que, como servidora pública, está consciente de que su desempeño puede ser objeto de críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía, pero consideró que existen límites cuando las acusaciones carecen de sustento o involucran aspectos personales y familiares.
“Los señalamientos respecto al trabajo siempre los vamos a recibir y eso se respeta”, expresó la funcionaria al explicar que las denuncias no están relacionadas con observaciones a su desempeño institucional, sino con manifestaciones que, según su versión, trascendieron al ámbito personal.
Entre los aspectos que mencionó, destacó referencias que, afirmó, pusieron en duda su papel como madre y su responsabilidad familiar. Consideró que esas expresiones motivaron la presentación de las denuncias ante las instancias correspondientes para que sean las autoridades quienes determinen si existió alguna conducta sancionable.
De acuerdo con Balderas, las medidas de protección notificadas por las autoridades contemplaban restricciones para acercarse a instalaciones o eventos públicos donde ella participara, así como la abstención de emitir determinadas declaraciones relacionadas con su persona. La funcionaria señaló que dichas notificaciones habrían sido entregadas entre el 8 y el 13 de abril.
Posteriormente, aseguró que continuaron realizándose declaraciones en su contra, situación que ahora forma parte de la valoración que realiza la Fiscalía. Indicó que corresponderá a la autoridad ministerial determinar los alcances de los hechos denunciados y las acciones legales que procedan.
El caso permanece en etapa de seguimiento dentro de la FGE, mientras continúan las diligencias derivadas de las denuncias presentadas por la funcionaria municipal.
