Tijuana, Baja California, 23 de marzo de 2026.- La entrega de títulos de asignación de agua a cinco municipios de Baja California marca un cambio en la administración del recurso hídrico en la entidad, al establecer un nuevo esquema que prioriza el acceso doméstico y fortalece la certeza jurídica para las autoridades locales.
El acto fue encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes formalizaron la asignación para Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Aguas y el Plan Nacional Hídrico.
La medida busca garantizar que el agua llegue de manera prioritaria a los hogares, en un contexto donde históricamente el acceso al recurso ha enfrentado presiones por crecimiento urbano, actividad industrial y condiciones climáticas en la región fronteriza.
De acuerdo con lo expuesto durante el evento, la asignación directa a los municipios representa un cambio en el modelo de gestión del agua, ya que serán las autoridades locales quienes administren el recurso y cubran los derechos correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Este esquema permitirá que los ingresos derivados del pago de derechos sean reinvertidos en infraestructura hidráulica en Baja California. Entre los proyectos contemplados se encuentran la planta desaladora en Playas de Rosarito, acciones de saneamiento del Río Tijuana y obras para ampliar el acceso al agua en comunidades como San Quintín.
Autoridades federales señalaron que uno de los objetivos centrales de la reforma es eliminar prácticas asociadas a la concentración o transferencia de derechos de agua que beneficiaban a sectores específicos, lo que limitaba el acceso equitativo en diversas regiones.
Además, se contempla la recuperación de derechos para pequeños productores, quienes anteriormente enfrentaban restricciones para acceder al recurso en condiciones de igualdad.
La entrega de estos títulos también busca brindar certidumbre a los municipios en la planeación de servicios públicos, particularmente en zonas con alta demanda como Tijuana y Mexicali, donde el crecimiento poblacional ha incrementado la presión sobre el suministro.
En ese sentido, el nuevo modelo plantea un enfoque de gestión más cercano al territorio, donde los gobiernos municipales podrán tomar decisiones operativas con base en sus necesidades específicas, al tiempo que se mantienen lineamientos federales en materia de regulación.
El acceso al agua ha sido identificado como un factor clave para el bienestar social y el desarrollo económico en Baja California, una entidad que enfrenta desafíos estructurales derivados de su ubicación geográfica, condiciones de sequía y dependencia de fuentes externas.
Con la formalización de estos títulos, se establece una base jurídica para garantizar la disponibilidad del recurso en el corto y mediano plazo, así como para impulsar proyectos estratégicos que permitan diversificar las fuentes de abastecimiento.
El anuncio se da en un contexto nacional donde la política hídrica ha sido reconfigurada para priorizar el uso doméstico y fortalecer la gobernanza del agua, en medio de una creciente preocupación por la escasez y el cambio climático.
