Mexicali, Baja California.- Diputadas y diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad una reforma legal que incorpora el trabajo comunitario como sanción para las personas que arrojen basura en calles, parques o terrenos baldíos en Baja California.
La modificación corresponde al artículo 66 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado y fue impulsada mediante una iniciativa presentada por la diputada Michelle Tejeda. La propuesta quedó incluida en el Dictamen No. 9 de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, órgano legislativo que respaldó la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir la contaminación en espacios públicos.
Con la reforma, el acto de tirar residuos en la vía pública o en lotes baldíos se incorpora formalmente al catálogo de infracciones ambientales. Además, se establece que las personas sancionadas deberán realizar trabajo comunitario enfocado en labores de protección, conservación o restauración ambiental, preferentemente en el entorno afectado.
El nuevo esquema busca reducir los impactos que genera la acumulación de basura en zonas urbanas. Entre los riesgos identificados por especialistas y autoridades se encuentran la proliferación de fauna nociva, la obstrucción de drenajes con posibles inundaciones, la generación de malos olores, así como la exposición a agentes patógenos que afectan la salud pública.
Durante el análisis legislativo se destacó que estas problemáticas suelen agravarse en zonas con menor infraestructura urbana, donde la acumulación de residuos puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para las comunidades.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en Baja California se recolectan diariamente entre tres mil y cuatro mil quinientas toneladas de residuos. La entidad cuenta con menos de treinta sitios destinados a la disposición final de desechos sólidos urbanos.
En el caso de Mexicali, autoridades estatales han retirado más de 150 mil toneladas de basura acumulada en drenes y sistemas de drenaje durante los últimos tres años, una situación que ha generado costos adicionales de limpieza y mantenimiento de infraestructura hidráulica.
Con esta reforma, el Congreso estatal busca fortalecer el régimen de sanciones ambientales y promover una mayor corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos en espacios públicos.
