Tijuana, Baja California, 11 de diciembre de 2025.- El Cabildo del XXV Ayuntamiento de Tijuana aprobó la firma de un convenio de colaboración administrativa con el Gobierno del Estado de Baja California para fortalecer el cobro del Impuesto Predial, durante una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual y encabezada por el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz.
El acuerdo establece un esquema de coordinación fiscal entre ambas instancias con el objetivo de sistematizar procesos, mejorar la eficiencia recaudatoria y ampliar los ingresos propios del municipio, lo que permitiría sostener y ampliar la cobertura de servicios públicos y obras de infraestructura en la ciudad.
Durante la sesión, el alcalde destacó que la colaboración intergubernamental busca robustecer la capacidad operativa del Ayuntamiento y optimizar la atención a la ciudadanía, al tiempo que agradeció el respaldo del cuerpo edilicio para avanzar en este mecanismo de gestión financiera.
En el mismo encuentro, las y los regidores aprobaron modificaciones al reglamento interno de la Sindicatura Procuradora, que contemplan ajustes, adiciones y una reestructuración del organigrama de la dependencia. Los cambios están orientados a reorganizar su funcionamiento interno y a reforzar el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden conforme al marco legal vigente.
Asimismo, el Cabildo avaló disposiciones relacionadas con el Programa de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Entre ellas, se autorizó dispensar al Consejo de Desarrollo Municipal (CONDEMUN) de realizar la sesión de validación para los cambios de meta y la tercera sábana de obras del Fondo II del Ramo 33, así como los ajustes al programa de infraestructura municipal para el próximo año.
En materia constitucional, las y los ediles respaldaron la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, que prohíbe la discriminación por condición o situación migratoria y garantiza el acceso pleno a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes.
También se aprobó la modificación al artículo 8 del mismo ordenamiento, dictaminada previamente por el Congreso del Estado, con la que se reconoce el derecho de mujeres, niñas y niños menores de doce años a contar con transporte público seguro y gratuito, conforme a los programas y presupuestos que se determinen en cada ejercicio fiscal.
Finalmente, el Cabildo dio su aval a las reformas a diversos artículos de la Constitución estatal en materia de no reelección y nepotismo electoral, como parte de los ajustes al marco normativo local en temas de representación y ejercicio del poder público.
