Tijuana, Baja California, a 7 de noviembre de 2025.- La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana anunció la inhabilitación de cuatro exfuncionarios municipales de la pasada administración, luego de concluir investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos vinculados con la compra de uniformes y contratos de mantenimiento.
De acuerdo con la información emitida por la Dirección de Responsabilidades de la dependencia, tres de los sancionados están relacionados con un mismo expediente sobre la adquisición de uniformes de la Secretaría de Educación del XXIV Ayuntamiento.
Los exfuncionarios inhabilitados por un periodo de seis meses son:
- Pedro Alejo Huiqui, exdirector de la Secretaría de Educación, por incumplir su deber de supervisar la correcta aplicación de recursos destinados a uniformes escolares.
- Raymundo Vega Andrade, extesorero municipal, por autorizar un pago indebido correspondiente a la compra de dichos uniformes.
- Luis Miguel Ramírez Flores, también extesorero, por aprobar vales de adquisición sin la justificación presupuestal requerida.
En un expediente distinto, vinculado con un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de semáforos en la Delegación Presa Este, fue inhabilitado por 11 meses Luis Jaime Brambila Álvarez, quien omitió dar seguimiento administrativo al cumplimiento del contrato.
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente de vigilancia que realiza el Órgano Interno de Control para asegurar el uso responsable de los recursos municipales.
“Nuestra obligación es garantizar que cada peso del erario se utilice con honestidad y conforme a la ley. Cuando un servidor público incumple estos principios, estamos facultados para sancionar y evitar que se repitan conductas que dañen la confianza ciudadana”, señaló Balderas Beltrán.
La funcionaria reiteró que la Sindicatura no otorga apoyos ni ejecuta obra pública, sino que se encarga de investigar, sancionar y prevenir actos que afecten la integridad del servicio público y el patrimonio de Tijuana.
Con estas medidas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, manteniendo abierta la vigilancia sobre los procesos administrativos que involucran recursos públicos.
