Tijuana, Baja California, a 20 de agosto de 2025.- Tres ex funcionarios municipales, dos hombres y una mujer, fueron inhabilitados de manera temporal tras detectarse irregularidades en la construcción del Malecón de Playas de Tijuana, informó la síndica procuradora del XXV Ayuntamiento, Teresita Balderas Beltrán.
De acuerdo con la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura, uno de los sancionados se desempeñaba en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA), mientras que los otros dos formaban parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.
Los sancionados y los periodos de inhabilitación
Las resoluciones dictadas establecen un año de inhabilitación para Juan Enrique Bautista Corona y Marco Antonio Campoy Arce, así como tres meses para Laura Alicia Beltrán Robles.
Faltas administrativas detectadas
Entre las irregularidades señaladas se encuentran:
- Omitir la evaluación de la obra.
- Autorizar contratos de obra sin contar con licencia de construcción ni permisos de impacto ambiental.
- Firmar convenios incumpliendo normas ambientales y cláusulas contractuales.
- Ostentar cargos distintos a los que realmente ocupaban al momento de suscribir documentos oficiales.
- No supervisar adecuadamente a personal bajo su cargo.
La Síndica subrayó que estas faltas se relacionan directamente con la ejecución del proyecto del Malecón, donde las dependencias involucradas omitieron requisitos básicos de legalidad y supervisión técnica.
Compromiso institucional
Balderas Beltrán reiteró que las sanciones forman parte del trabajo de vigilancia que realiza la Sindicatura para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración municipal.
“Se busca un municipio abierto y transparente, en el que se vigile con rigor el actuar de los servidores públicos y se haga valer la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía”, indicó la funcionaria.
El Ayuntamiento señaló que continuará con los procesos administrativos y disciplinarios que correspondan, con el fin de asegurar que las obras públicas se desarrollen bajo estricto apego a la normatividad.
