TIJUANA, B.C.- La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, logró una sentencia condenatoria de 45 años de prisión en contra de William Jonathan Casanova Pastrana, por ser penalmente responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de un hombre.
En la carpeta de investigación se desprende que el 14 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 13:30 horas, la víctima, quien en vida respondiera al nombre de Roberto, se encontraba en calle de los Puertos y calle de los Andes del fraccionamiento Urbi Villa del Prado, en esta ciudad.
En ese momento, el hoy sentenciado, con un arma de fuego disparó en la cabeza de Roberto, lesión que le provocó la muerte por laceración encefálica secundario a herida perforante de cráneo producido por proyectil de arma de fuego.
Tras lo sucedido, el 7 de octubre de 2022 se dio inicio a la apertura y desahogo de audiencia al debate de juicio oral, donde se presentó la testimonial de los agentes de la Policía Municipal, agentes procesadores y personal de Servicios Periciales adscritos a Criminalística de Campo, en conjunto con los agentes estatales investigadores.
Esta Fiscalía acreditó el hallazgo de la víctima en el lugar de los hechos y con la lectura de documentos, consistentes en acta de nacimiento y de defunción, se logró establecer la identidad del hoy occiso.
Siendo así que una vez desahogada la totalidad probatoria ofertada por esta Representación Social se logró demostrar fehacientemente la responsabilidad penal que la Fiscalía atribuyó desde un inicio al hoy sentenciado.
Obteniendo como resultado, sentencia condenatoria en contra de William Jonathan Casanova Pastrana, quien además de la pena privativa de la libertad deberá pagar la cantidad de 844 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Con la determinación y el objetivo claro de que ningún delito quede impune, la Fiscalía General del Estado redobla sus acciones de investigación, que lleven hacia la captura y procesamiento de personas que hayan incurrido en algún ilícito, de tal forma que rindan cuentas por sus actos y reciban el castigo penal que por ley les corresponde.
